La oficina del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda en Huelva ha evitado "126 desahucios" desde su apertura, a principios de octubre, lo que pone de manifiesto que esta iniciativa creada por la Consejería de Fomento y Vivienda "está en el camino adecuado y logrando el objetivo planteado, que la gente que acude a nosotros permanezca en su vivienda", según ha indicado la titular de este departamento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, durante el encuentro con los alcaldes de Trigueros, Villablanca, Lepe, Zalamea la Real, Moguer, Cortegana, Nerva e Isla Cristina para firmar su adhesión a dicho Programa.
Con estos nuevos ayuntamientos de la provincia son ya 107 municipios andaluces quienes han tomado la decisión de participar en este instrumento creado para asesorar, intermediar y proteger a las familias contra los desahucios, "lo que está generando un amplio bloque político en Andalucía, que da soporte institucional a la creciente marea social contra esta sangría", ha afirmado la consejera.
Elena Cortés ha explicado que el objetivo fundamental de las oficinas es que las personas no pierdan sus casas "y lo estamos cumpliendo", ha incidido. Desde la apertura de la oficina en Huelva, se han atendido 149 casos, que han dado lugar a la apertura de 126 expedientes. De estas familias, 78 casos se han resuelto ya favorablemente y el resto, 48, tiene expectativas favorables de resolverse. "Se trata, en todo caso, de personas que siguen en sus viviendas", ha puntualizado.
En el apartado de protección, la oficina de Huelva cuenta con 22 familias, un cifra en la que Elena Cortés se ha querido detener para subrayar que "la Consejería de Fomento y Vivienda continúa a la espera de respuesta por parte del Gobierno sobre la petición que le hicimos para que las viviendas del Sareb, el conocido como banco malo, sirvan para dar respuesta a las necesidades de habitación de las personas que no tienen casa".
"Además reclamamos al Gobierno que asigne al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda los 859 inmuebles del llamado, y mal llamado, Fondo Social de Vivienda de los bancos en Andalucía, un número ridículo en comparación con la ingente cantidad de activos tóxicos, casas sin gente, que calculamos que gestiona el banco malo, pero que puede servirnos para atender, por ejemplo, a estas personas", ha añadido. Para la consejera, estas viviendas "han de ponerse a disposición de las familias que están viendo vulnerado su derecho a la vivienda".
El Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda atiende a las familias en función a las necesidades que presentan, ya sea por demanda de información, negociación o protección. En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar.
La intermediación es el servicio más demandado por los onubenses y está destinado a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de desahucio. En este ámbito, los afectados acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios.
Las familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En estos casos, contacta con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución. Asimismo, se les asesora para su inscripción en el registro municipal de demandantes y se contacta con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas.
DETALLES DEL CONVENIO
El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.
El convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.
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