La defensa de José Bretón, el padre que supuestamente asesinó a sus hijos, Ruth y José, el 8 de octubre de 2011 en Córdoba, presentará un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "con casi plena seguridad", contra la resolución del magistrado-presidente del Tribunal del Jurado del caso Bretón, Pedro Vela, que ha desestimado la petición de la defensa de anular el procedimiento y la impugnación de distintas pruebas, entre ellas los restos óseos.
En declaraciones a Europa Press, el letrado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, ha destacado que antes de presentar el recurso va a "estudiar y asimilar" la resolución judicial, para la que tiene un plazo de cinco días para recurrir al órgano jurisdiccional superior, como ha puntualizado.
En concreto, el abogado ha solicitado a la Audiencia Provincial la nulidad del grueso del procedimiento alegando violación de derechos fundamentales. Y es que, considera que se ha violado la cadena de custodia de los restos óseos hallados en la finca familiar de Las Quemadillas y que el antropólogo Francisco Etxeberría, quien determinó que los restos eran de seres humanos y no animales, los analizó "sin autorización judicial", pues, "no consta el envío del fax al Grupo de Homicidios".
También ha alegado indefensión por los continuos e "injustificados" secretos de sumario durante la instrucción; a lo que añade que se han violado las comunicaciones entre él y su cliente con escuchas ilegales, así como a los familiares de Bretón, e insiste en pedir que no se celebre un juicio con jurado, porque estaría "intoxicado, mediatizado y absolutamente contaminado".
Además, la defensa ha impugnado todas las pruebas fundamentales, entre ellas, la de los restos óseos "y las que se deriven de ellos por su obtención ilícita al infringirse derechos fundamentales, así como por su irregular introducción en la causa", según sostiene en su escrito el abogado Sánchez de Puerta.
ALEGACIONES
Por su parte, la Fiscalía considera que la cadena de custodia de los restos ha permanecido "inalterada" durante toda la instrucción y cada uno de los pasos están "plenamente documentados", por lo que ve una "osadía" afirmar que se "predeterminaron pruebas". Sobre los secretos de sumario, el Ministerio Público alude a la "dificultad del procedimiento" y "ante la negativa del acusado a decir la verdad".
En cuanto a la supuesta violación de las comunicaciones, la Fiscalía cree que el auto a tal efecto justificaba "totalmente la legitimidad constitucional de la medida y las limitaciones que se establecen en favor del secreto profesional"; mientras que la acusación lo ve como una "mera denuncia, sin más base ni justificación".
En relación a la celebración del juicio con jurado, según precisa la prensa provincial, el Ministerio Público destaca que la ley "imperativamente" ordena este tipo de enjuiciamiento de los supuestos delitos de asesinato e insiste en que se descartarán a los candidatos que "no se consideren idóneos", y la acusación recuerda que el juicio con jurado es una "cuestión de legalidad ordinaria".
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