No es más que una propuesta, pero que supone una revolución en la organización tradicional de la Justicia onubense. Aunque la última palabra la tiene el Ministerio de Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está elaborando un informe para dar su opinión y aportaciones, el proyecto de la nueva demarcación judicial de Huelva elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para todo el territorio español, incluida la provincia de Huelva, ha levantado muchas dudas y ha hecho que el PSOE haya decidido pasar a la acción para evitar lo que entienden como “un proceso de desmontaje del estado del bienestar y del sistema de derecho que está en la Constitución”.
La propuesta inicial, muy esquemática y aprobada por el pleno del CGPJ el 3 de mayo, dejaría a Huelva con tres partidos judiciales: Aracena, Ayamonte y Huelva. Este último absorbería los actuales partidos judiciales de Moguer, La Palma y Valverde, que desaparecían o, como le gusta decir al CGPJ, se reagruparían en uno solo.
Para el PSOE, esta propuesta, de la que poco más se sabe y en la que no se detalla cómo se llevaría a cabo esta reagrupación, afectaría a más de 167.000 ciudadanos (los que son atendidos ahora mismo por los tres partidos judiciales que desaparecerían) y un total de 33 municipios, y lo que es peor, supondría la eliminación de siete juzgados (los que hay actualmente en estos tres municipios).
Así lo ha asegurado este martes el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, tras mantener un encuentro con el alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar; la portavoz del PSOE en La Palma, Elena Ruiz; y la concejal socialista de Valverde Eva Romero.
Como los socialistas entienden que esta medida significa “crear más paro, eliminar una justicia de calidad y quitar servicios a los ciudadanos”, han decidido poner en marcha una campaña que se prolongará hasta el 25 de julio y que pasará por los 83 municipios afectados para informar a los ciudadanos de lo que está en juego.
También se reunirán con colectivos afectados por esta “decisión unilateral del Gobierno”, como los colegios de Abogados y Procuradores, el funcionariado e incluso “todas las instituciones que se quieran sumar”.
Además, para medir las consecuencias reales de esta reestructuración de la planta judicial onubense, el PSOE pedirá a la Diputación Provincial que elabore un informe para conocer el impacto socioeconómico que supondría la eliminación de los tres partidos judiciales en los 33 municipios afectados, ya que “hay una infraestructura judicial creada alrededor de estos juzgados que va a verse directamente afectada”.
Por último, otras de las acciones del PSOE pasan por dar a conocer esta medida en las redes sociales y una recogida de firmas para entregárselas al subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera.
Una vez elaborado el informe de Diputación y tras mantener los encuentros que todas las partes afectadas, también presentarán mociones en los ayuntamientos para que “se retraten los alcaldes, porque se trata de defender los derechos de los ciudadanos”.
Finalmente, ante la duda de que la eliminación de partidos judiciales conlleve también la desaparición de los siete juzgados que hay en cada municipios (dos en Moguer, tres en La Palma y dos Valverde), Ferrera insistió en que así será porque “si no hay sede judicial, no puede haber juzgados, o como mucho un Juzgado de Paz”, lo que se traducirá en “la saturación y colapso de los juzgados en la capital”.
La versión del CGPJ
Sin embargo, fuentes del CGPJ e incluso del TSJA han indicado a Viva Huelva que la eliminación de partidos judiciales no va a conllevar la supresión de órganos judiciales. De hecho, en la propuesta se mantiene el número de juzgados, aunque no se especifica cómo se reorganizará su distribución.
Desde el CGPJ indican que una vez anunciada la propuesta, en el pleno del 3 de mayo, se dio un plazo de tres meses para remitirla a los distintos tribunales superiores de cada comunidad - en el caso de Andalucía, el TSJA- para que “aporten lo que crean conveniente o den su opinión de la nueva demarcación judicial”.
Y en ese punto están ahora mismo. El TSJA  ha remitido la propuesta a cada Audiencia Provincial y, cuando elaboren su propio informe, se dará una contestación al CGPJ, de modo que hasta finales de julio, como muy pronto, no se pronunciará de nuevo el Consejo General del Poder Judicial.
No obstante, sí quisieron matizar que la nueva demarcación judicial no supone la supresión de ningún juzgado. De hecho, “a nivel nacional hay ahora mismo 2.212, y con la nueva propuesta pasan a 2.2214”.
Por último, las fuentes consultadas explicaron que no se trata de una petición del Gobierno, sino que viene de atrás, ya que en la anterior legislatura (en 2009), el Consejo de Ministros constituyó una Comisión de Expertos para la elaboración de una nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial, donde se recomendó la “superación del partido judicial como base del nuevo modelo”. Sobre esa recomendación, el CGPJ decidió hacer su propia propuesta, que ha visto ahora la luz. No obstante, la última palabra la tiene el Ministerio de Justicia.
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