El Pleno de la Cámara de Comercio de Huelva ha advertido que de seguir insistiendo el Gobierno de España en convertir el gravamen temporal impuesto en 2022 a las energéticas, apodado como el ‘impuestazo’, en permanente
traerá consigo, como ya se está comprobando, la “fuga” de inversiones, que en el caso de nuestra provincia “darían al traste con los 10.000 puestos de trabajo que se crearían al amparo de aquellas”.
En esta línea, la Cámara de Comercio de Huelva ha rechazado la conversión en permanente del gravamen extraordinario que quiere hacer el Gobierno de España sobre los ingresos del sector energético y recuerda que
“en la actualidad han cambiado las circunstancias con respecto al momento en el que se creó dicho impuesto”.
Asimismo, señala que una tasa de esas características para el sector energético “
sería económicamente contraproducente porque, entre otras consecuencias, podría poner en peligro futuras inversiones y que en el caso de nuestra provincia afectará a los planes de inversión previstos que había comenzado a consolidarnos como un polo de referencia en Europa del hidrógeno verde”.
Este aumento de la carga fiscal pone, por tanto, “
en riesgo el futuro de proyectos estratégicos que se iban a asentar en nuestra provincia, limitando el potencial de crecimiento y la generación de empleo en un sector que es clave para la transición energética”.
En este sentido, desde la Cámara de Comercio
se trasladará a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados la inquietud de la Cámara de Comercio en relación con este asunto que “puede dar al traste con el futuro alentador que se presentaba para nuestra provincia en el ámbito de la industria energética”.
Asimismo, se ha expresado el
“malestar cameral” ante el tiempo que el Gobierno de España “quiere hacer perder a los inversores del aeropuerto Cristóbal Colón despojado ahora de la calificación de ‘interés general’, cambiando hasta la normativa para ello”.
“Esta decisión no solo desalienta la inversión privada, sino que también
transfiere la responsabilidad a la administración autonómica, que ahora se ve obligada a gestionar un proyecto que en su origen debía contar con el apoyo firme del Estado”, indica la institución cameral.
También preocupa
la “falta de rigor” de ese mismo Ejecutivo ante la futura llegada del AVE a Huelva.
