El Gobierno de España ha señalado que el número de trabajadores que permanecen en los asentamientos de Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto alcanzan las 2.862 personas en época de la campaña agrícola, toda vez que apunta que el número "fluctúa a lo largo del año" y "no hay un dato único".
Así lo ha manifestado en una respuesta escrita a una pregunta de Sumar en el Congreso de los Diputados en la que cuestionaban al Ejecutivo sobre el número de "personas trabajadoras que permanecían en los asentamientos en situación de emergencia" después de que en el mes de julio "30 organizaciones sociales, políticas y sindicales presentaran un escrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico" a través del que "solicitaban que se actuara de manera urgente para asegurar unas condiciones dignas de acceso al agua y salubridad".
Al respecto, el Gobierno apunta que "el municipio de Lepe no se encuentra dentro del ámbito del marco socioeconómico del espacio natural de Doñana" y que el Marco de Actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana "establece en su Línea 13-Mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas".
En este sentido, detalla que estas actuaciones son "de prevención y sensibilización" destinadas a la población de origen extranjero; la normalización documental; la promoción de "la inclusión social y laboral" de los temporeros agrícolas extranjeros y de "colectivos en situación de vulnerabilidad" y el acceso de los temporeros al alojamiento "digno".
No obstante, el Gobierno ha explicado que "existe un convenio entre el entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Junta de Andalucía, que se suscribió el 9 de agosto de 2022" y que abarca diferentes áreas.
Estas son construcción y rehabilitación de viviendas dignas para personas temporeras para su uso durante las campañas agrícolas; intermediación especializada entre arrendadores y arrendatarios; red de albergues-alojamientos y, "a corto plazo", módulos portátiles "con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica".
Por su parte, Sumar destaca en su texto que los habitantes de los asentamientos "sufren condiciones de vida muy duras, sin electricidad y sin puntos de agua" que "se agravan en los meses de verano con las altas temperaturas", por lo que "tienen que recorres muchos kilómetros para conseguir productos vitales como agua o alimentos", así como que las organizaciones "denuncian que hay personas que viven entre montañas de basura, que generan malos olores, y problemas de salud pública, además de ser un foco de propagación de incendios".
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