Era un acto marcado en la agenda desde hace tiempo pero que se ha visto salpicado por el último anuncio del Gobierno. La sociedad Huelva Desarrollo y Progreso, que impulsa el aeropuerto privado Cristóbal Colón de Huelva, ha formalizado este jueves ante notario la ampliación de accionistas, dejando de estar solo en manos del Grupo Lyncis con la suma de tres nuevos socios: Fundación Caja Rural del Sur, Grupo AZVI y Avoris (Barceló).
Además de la incorporación de los nuevos accionistas, se ha creado un Consejo Asesor presidido por el titular de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano, en el que participarán representantes de diversas instituciones para sumar esfuerzos en la realización de este proyecto.
Una operación firmada ante notario delante de los medios de comunicación y con la que se busca dar “un mayor músculo financiero y de gestión” al futuro aeropuerto de Huelva. Un proyecto que llevaba años sin avances administrativos, en manos del Gobierno desde 2009, cuando fue declarado de interés general, y que ha vuelto a la actualidad tras el último movimiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que esta misma semana anunciaba que va a retirar esa calificación de interés general en base a la nueva normativa, dejando en manos de la Junta de Andalucía su tramitación si lo considera de interés general.
Ante este movimiento, los accionistas han señalado que su posición es de “total rechazo”, además de entender que no se ajustaría a derecho, por lo que dejan abierta la vía judicial, aunque reconocen que “no nos gustan los pleitos”.
Por ello, abogan por el diálogo: “Decidamos conjuntamente en beneficio del proyecto, y si el beneficio es cambiar la declaración de interés por una territorial, hágase, pero de forma consensuada”.
Ese es uno de los principales reproches que hacen al Gobierno, que se hayan enterado de esta decisión por los medios. Además, recuerdan que el aeropuerto tiene capital privado “porque el Estado no ha querido hacerlo público”, pese a que Huelva “tiene el mismo derecho que el resto de España a tener aeropuerto”, al tiempo que han apuntado que “Huelva no tiene nada que ver con otros aeropuertos fallidos como el de Ciudad Real” y “en el peor de los casos, si falla el proyecto, el Estado es responsable subsidiario” pero “es mucho mejor que si se hace de forma pública”, por lo que creen que “no hay excusa” para que no sea de interés general.
Finalmente, los accionistas señalan que el aeropuerto tiene una inversión de cien millones de euros e iría ubicado en Gibraleón, colindando con Cartaya, algo que “han decidido los distinto ministerios” de seis alternativas planteadas, por “cuestiones ambientales”.
Sobre los plazos, el asesor aeroespacial para este proyecto, Juan Lema, ha destacado que “depende” de “la rapidez con la que se realice la tramitación por parte de la Junta de Andalucía”, en caso de que finalmente se haga cargo, ya que los trámites que se necesitaban para arrancar el proyecto “ya están avanzados”. Una vez superada la fase administrativa, la construcción se prolongaría durante al menos 36 meses.
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