El Defensor del Pueblo Andaluz ha señalado en su informe anual que la búsqueda de vivienda se convierte “en ocasiones en una ‘trampa’ para las familias” de temporeros que se instalan en barrios degradados en municipios de Almería o Huelva para desarrollar trabajos agrícolas.
Según apunta la oficina dirigida por Jesús Maeztu, estas personas “invierten sus ahorros y comprometen los futuros, para instalarse en lugares, sin servicios públicos donde ni tan siquiera sus hijos disponen de espacios públicos dignos donde poder desarrollarse en comunidad”.
En su informe de 2022, el Defensor recuerda que, de acuerdo a la ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre, los extranjeros tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayuda en materia de vivienda, aunque sostiene que a pesar de ello los migrantes encuentran “más dificultades que los nacionales” en este sentido.
Alude a un informe del Ministerio de Igualdad que asegura que existen prejuicios y estereotipos ligados a la “presunción de precariedad económica y el mal uso del inmueble”, que se traducen en un “trato diferencial” negativo.
“En la Defensoría hemos conocido algunas de estas realidades a través de las quejas en las que personas migrantes solicitan nuestra actuación por carecer de soluciones habitacionales adecuadas o por verse obligadas a abandonar las viviendas en las que residían", asegura.
La oficina de Maeztu considera que “hay realidades que forman parte de un itinerario migratorio en el que se van venciendo dificultades hasta acceder a una vivienda o alojamiento digno”.
“Se va pasando de situaciones de chabolismo o infraviviendas a barriadas en el extrarradio de las ciudades, para mejorar con posterioridad a viviendas en centros históricos o barrios obreros”, indica.
Relata que en pueblos y ciudades de las provincias de Huelva y Almería se constatan situaciones de hombres que se instalan en asentamientos cercanos a las explotaciones agrícolas y que, una vez estabilizada la situación del empleo, aunque sea de forma precaria, inician la búsqueda de una vivienda para poder documentar los expedientes de reagrupación familiar.
También han recibido quejas sobre las dificultades de las personas migrantes para acceder a una vivienda protegida, a pesar de estar inscritos en los Registros de Demandantes, o para el abono del alquiler sin las ayudas de los organismos públicos.
“Situaciones que reafirman a esta Defensoría en su convicción de la importancia de las políticas públicas para favorecer el acceso a la vivienda de personas en situaciones de vulnerabilidad (…) Unas políticas que se han manifestado incompetentes para garantizar este derecho”, añade.
Destaca el compromiso de la administración andaluza por la integración social de la población inmigrante, concebida como “proceso multidimensional y complejo en distintos sentidos”, y mantiene que el Foro Andaluz es una “herramienta de especial relevancia en el diseño de políticas migratorias adecuadas a una realidad social en continuo cambio y evolución”.
Por el contrario, critica las dificultades para empadronarse que sufren los inmigrantes, ya que este certificado es una prueba de permanencia en el territorio y para elaborar informes de inserción social o de vivienda, así como para las autorizaciones de residencia por arraigo.
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