Los grupos parlamentarios tienen previsto presentar este martes, 2 de mayo, sus propuestas de comparecencias de agentes sociales y organizaciones interesadas en la regulación que plantea la proposición de ley registrada por PP-A y Vox para la reordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Este martes es el último día del plazo establecido para registrar estas propuestas de comparecencias, según decidió la Mesa del Parlamento el pasado 19 de abril y quedó recogido en un acuerdo publicado la semana pasada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA), consultado por Europa Press, con el que, además, se enviaba esta proposición de ley a la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para su tramitación.
De esta manera, la Mesa del Parlamento, "oída la Junta de Portavoces", acordó hace un par de semanas "la apertura del plazo de presentación de propuestas de comparecencias de agentes sociales y organizaciones que pudiesen estar interesados en su regulación, incluidas, en su caso, las administraciones públicas, hasta el día 2 de mayo de 2023", que es la fecha en el que los grupos tienen previsto registrar sus propuestas, según han informado a Europa Press fuentes de las distintas formaciones.
El Pleno del Parlamento acordó la toma en consideración de esta proposición de ley, que se tramita por procedimiento "urgente", el pasado 12 de abril, con los únicos votos a favor de los grupos proponentes --PP-A y Vox--, y con el rechazo de la oposición del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
El Reglamento del Parlamento andaluz establece que, tras su toma en consideración por parte de la Cámara, las proposiciones de ley se remiten a la "comisión competente para la celebración, en su caso, de comparecencias informativas, y posterior apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas al articulado", y estas iniciativas siguen "el trámite establecido para los proyectos de ley".
Esta proposición de ley de PP-A y Vox supone recuperar un texto que presentaron los mismos grupos, junto con Ciudadanos, en enero de 2022, en la pasada legislatura, encaminado a propiciar que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental.
La precisión que ahora hacen PP y Vox es apuntar que "estos terrenos podrán obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente".
La proposición de ley invoca la previsión contenida en la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que prevé ese trasvase para "equilibrio hídrico del entorno y especialmente del Parque de Nacional de Doñana".
En la exposición de motivos del texto se señala que, "en un ejercicio de honestidad, es sano recordar que no se trata de nuevos suelos agrícolas en modo alguno, son suelos agrícolas que lo eran antes de la entrada en vigor del Plan Especial, no se aumenta en modo alguno la superficie real y se busca dar una solución de legalidad y justicia material a ciudadanos y empresas".
La novedad de esta proposición de ley conjunta de PP y Vox en comparación con el texto de enero de 2022 es la inclusión de cultivos forestales de turno corto dentro de la zona de mayor protección de Doñana, descrita como Zona A en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana (Peocfd), aprobado en diciembre de 2014 con el Decreto 178/2014.
La iniciativa cuenta con el rechazo del Gobierno central, que ha instado a la Junta a su retirada por el daño, que, a su juicio, supondría su aplicación para el parque de Doñana, y también es cuestionada por la Comisión Europea. El pasado lunes, 24 de abril, se reunió en Bruselas el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para explicarle el contenido de esta proposición de ley.
Tras el encuentro, desde la Comisión Europea se advirtió de que la referida iniciativa de PP-A y Vox puede "deteriorar" el humedal de Doñana, ya que "parece ir en dirección contraria" a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TJUE) que obliga a protegerlo, si bien desde el Gobierno andaluz aseguraron haber salido "satisfechos" con la reunión, que "era necesaria para llevar a Bruselas la visión de la Junta de Andalucía", y que creen que "contribuirá a apaciguar la tensión", según añadieron fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno.
Así, desde la Junta explicaron que el consejero entregó un documento al comisario europeo explicando no sólo la proposición de ley, sino las acciones que el Gobierno de Andalucía "está llevando a cabo en materia medioambiental y para la protección de Doñana", y Virginijus Sinkevicius "se ha comprometido a estudiar ese documento".
Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avisado a la Junta de que, si no retira esta proposición de ley en el Parlamento andaluz, acudirá al Tribunal Constitucional y le repercutirá las posibles sanciones europeas que en su caso imponga Bruselas al Reino de España por no mantener el buen estado del Parque Nacional de Doñana.
Precisamente Teresa Ribera fue una de las personas cuya comparecencia se solicitó el año pasado ante la comisión de Fomento del Parlamento de la anterior legislatura durante la tramitación de la anterior iniciativa sobre esta misma cuestión, que quedó interrumpida con la convocatoria, en abril de 2022, de las elecciones autonómicas en Andalucía que se acabaron celebrando el 19 de junio.
Sin embargo, Teresa Ribera rehusó acudir a esa cita en base a "dictámenes del Consejo de Estado, que establecen que ministros no están obligados a comparecer ante asambleas autonómicas", según trasladó en aquel momento --marzo de 2022-- su departamento a la presidencia del Parlamento andaluz.
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