La organización ecologista WWF ha escrito una carta a la Comisión Europea para transmitir su "profunda preocupación" ante "la nueva amenaza" que supone la nueva proposición de ley del Partido Popular y Vox para Doñana. A juicio de la organización, supone un "nuevo intento" para "ampliar la superficie de regadíos y amnistiar a los ilegales supone un ataque directo a la conservación de Doñana".
Según ha indicado la ONG en una nota de prensa, esta medida parlamentaria supone, además, "un claro incumplimiento" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, dictada en junio de 2021, por "no proteger al espacio natural frente a la sobreexplotación y robo del agua", alto que "podría acarrear fuertes sanciones y la congelación de fondos comunitarios para la agricultura que recibe Andalucía".
Por ello, WWF ha puesto en conocimiento de la institución europea la nueva proposición de ley que "pretende ampliar la superficie de regadío indultando a los agricultores ilegales" y "vuelve a modificar" el Plan Especial de ordenación de la Corona Norte de Doñana, conocido como Plan de la Fresa, que nació en 2014 "fruto del consenso entre los diferentes actores y que, precisamente, fue admitido por la CE como una de las principales medidas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España por el estado crítico en el que se encuentra este humedal de importancia internacional".
"Con esta proposición se busca amnistiar a los regadíos ilegales que secan el acuífero de Doñana y contribuyen al déficit de agua en la cuenca del Guadalquivir, en lugar de proceder a su cierre, tal y como obliga la ley y el Plan de la Fresa. Además, supone un engaño, ya que aunque la reforma pudiera legalizar el uso del suelo ampliando aún más la superficie de regadío, seguirá la ilegalidad del uso del agua puesto que la Junta no tiene competencias para asignar recursos hídricos y conceder derechos de riego con agua superficial en la demarcación del Guadalquivir, competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)", han explicado desde WWF.
Pero, además, la ONG ha insistido en que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "advierte de que en la planificación hidrológica actual no hay previsión de otorgar nuevos permisos de agua a los que en 2018 se acordaron para poder trasvasar a la demarcación del Guadalquivir desde la del Tinto, Odiel y Piedras".
"Para esquivar la sentencia europea, el Partido Popular trata de confundir a la Comisión Europea y a la opinión pública con el falso argumento de que una vez sean legalizados los agricultores que roban el agua del acuífero solo la recibirán superficial, sin mencionar que en caso de que algún día el agua del trasvase llegue a la zona serían precisamente los ilegales quieres se aprovecharán antes del escaso recurso y nunca llegaría a los regantes más próximos al Parque Nacional, donde el acuífero se encuentra en peor estado y es más urgente eliminar y sustituir las captaciones subterráneas", han señalado.
Por último, WWF ha asegurado que la proposición de ley, "que carece del más mínimo fundamento o justificación técnica, tampoco aclara si una vez aprobada la Junta cerraría cautelarmente las fincas que están robando agua del acuífero y ocupando el terreno ilegalmente".
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