Casi todo llega a tarde a Huelva, pero de una manera u otra acaba llegando. También el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, que ha pasado de ser una anécdota a estar cada vez más presente en los medios de comunicación. Son varios los casos denunciados recientemente en la capital onubense, el último el de un edificio ocupado al completo en la calle Tharsis desde hace más de ocho años. En casi todos los casos, la vía judicial se antoja como la única solución posible.
Y es en este ámbito, el judicial, donde se puede constatar este aumento de la ocupación ilegal de viviendas en la provincia de Huelva. De hechos, los procedimientos judiciales se han disparado en los últimos años y de 2018 a 2021 se ha producido un aumento del 246,8% de los casos ingresados.
Se trata de los verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda, que son los procedimientos para que las personas físicas y las entidades sin ánimo de lucro, así como las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, puedan recobrar su posesión.
Es una figura que entró en vigor en 2018 con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento civil. Ese año, los juzgados onubenses ingresaron 32 verbales posesorios. Un año después, la cifra aumentó hasta 67, en 2020 fueron 59 y en 2011 la cifra se elevó hasta 111, lo que supone casi un 250% más de casos ingresados en apenas tres años.
En paralelo, la pendencia ha ido aumentando, pues si al cierre de 2018 había 28 verbales en trámite, a finales de 2021 eran 173 y según los últimos datos publicados en el del informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ publicado por el Consejo General del Poder Judicial hace unos días, al cierre del primer trimestre de 2022 había 175 asuntos en trámite en la provincia.
Esto supone que Huelva es, tras Barcelona (373) y Madrid (181), la tercera provincia con más verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda en trámite de toda España.
Modificación legal
Desde el sindicato CSIF, su responsable del sector de Justicia, María Paz de la Cruz, señala por un lado que el aumento de casos se debe a esa modificación legal realizada en 2018, que posibilitó que se pueda acudir a la vía judicial aunque se desconozca la identidad del okupa, gracias a la figura de ‘ignorado ocupante’.
Sin embargo, en cuanto al aumento de la pendencia, aunque asume que se trata de procedimientos largos, pone el acento en la falta de medios y personal en los juzgados de Primera Instancia, que son los que se hacen cargo de estos casos. De hecho, alerta que estos órganos judiciales “han triplicado” su carga de trabajo en los últimos años pero la plantilla sigue siendo la misma, de ahí el cuello de botella.
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