En una carta publicada en la revista Nature Ecology and Evolution, científicos del CSIC y de instituciones europeas de otros cuatro países han alertando del "riesgo extremo" que, a su juicio, supone la modificación del plan de regadíos de la Corona Norte de Doñana "para la persistencia de este singular espacio y su presumible impacto sobre el conjunto de la biodiversidad europea", según ha indicado el CSIC en una nota de prensa.
"Es posible que tengamos las competencias para decidir en lo referente al territorio, pero en ningún caso somos propietarios de las millones de aves originarias de otros países europeos que se concentran en Doñana y que, sin lugar a dudas, se verían negativamente afectadas por esta regularización", ha explicado Carlos Camacho, investigador del IPE-CSIC y primer firmante de la carta.
El CSIC ha apuntado que la propuesta aprobada el pasado mes de febrero por el Parlamento andaluz para ampliar el territorio regable del entorno de Doñana y, "de esta manera, regularizar la situación de los usuarios de pozos ilegales en 1.500 hectáreas de terreno de secano cuenta con importantes detractores".
Entre ellos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha destacado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Unesco, la Comisión Europea y varias organizaciones conservacionistas, que "alertan de la amenaza que este plan representa para la salud de un acuífero, que ya acusa los síntomas de una captación de aguas tan desmedida como prolongada en el tiempo".
"Marismas y lagunas constituyen uno de los ecosistemas más singulares y productivos del planeta, tanto en términos ecológicos como económicos. La conservación de estos ambientes es una prioridad global y, en muchos casos, se encuentran bajo la protección de directrices y acuerdos nacionales e internacionales", han indicado.
En este sentido, han subrayado que la importancia de estos ecosistemas "contrasta, sin embargo, con un alto grado de amenaza debido a la sobreexplotación de recursos y a la creciente desprotección por parte de las autoridades", así como que las marismas y lagunas de Doñana, "en gran medida dependientes de las aguas subterráneas, son un claro ejemplo de esta paradójica dualidad".
"Las aguas subterráneas alimentan las lagunas costeras de Doñana y refuerzan los principales aportes de agua a la marisma, como el arroyo de La Rocina. La extracción de aguas subterráneas para abastecer a las urbanizaciones turísticas de la costa y, en mayor medida, para alimentar la desmesurada expansión de la superficie ocupada por invernaderos -un 500 por ciento mayor en los últimos 25 años- están reduciendo la cantidad de agua disponible para las lagunas y marismas, con efectos dramáticos sobre sus ciclos normales de inundación", han señalado los científicos en su carta.
Así, los investigadores han explicado que la acción conjunta de este factor, junto con el de que "en los últimos años, además, la escasez de precipitaciones que recargan el acuífero está empeorando la situación", está reduciendo la capacidad de recuperación del acuífero y "podría empujar al ecosistema a una situación de colapso si no se toman medidas urgentes".
Asimismo, la carta aclara que la persistencia a largo plazo de Doñana tal como la conocemos "pasa por reducir la cantidad actual de extracciones de aguas subterráneas para mejorar la recuperación del acuífero y, con ello, su capacidad de respuesta ante futuros retos climáticos".
Control “exhaustivo” de riegos ilegales
De otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) “observan con preocupación” la iniciativa presentada por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox en el Parlamento andaluz sobre la ampliación de las superficies regables en el entorno del Parque Nacional de Doñana, aunque confirma que la Confederación Hidrográfica no ha recibido aún la propuesta del Parlamento autonómico.
Así consta en una respuesta escrita del Gobierno a una pregunta parlamentaria de Más País-Verdes Equo, en la que explica que para el Ministerio y la Confederación esta iniciativa autonómica “puede hacer más difícil” la gobernanza y la gestión del dominio público hidráulico (DPH), en cuanto al procedimiento de clausura de captaciones ilegales.
En todo caso, recuerda que el organismo de la administración pública competente, encargado de otorgar nuevas concesiones, modificar o revisar las vigentes es el la confederación hidrográfica del Guadalquivir, que valora de forma negativa la opción de otorgar nuevas concesiones de aprovechar aguas públicas en este área, pues “se pondría en riesgo” el cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos en la Directiva Marco del Agua.
Por otro lado, respecto al mismo tema pero en este caso para responder por escrito a una pregunta de Unidas Podemos, destaca que ante esta preocupación, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico está desarrollando “toda una batería de medidas” en Doñana que van desde el control “exhaustivo y constante” mediante teledetección y guardería de los riegos legales y eliminación de todos los riegos ilegales.
En concreto, el Ministerio refleja que la Confederación Hidrográfica ha realizado 450 inspecciones, en ocasiones con el apoyo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de Huelva.
Además, entre los años 2020 y 2021 ha incoado 1.010 expediente sancionadores por detracción ilegal de agua, 93 de los cuales se han resuelto en sanciones y se han cerrado 117 pozos por procedimiento de ejecución forzosa.
Del mismo modo, asegura que, hasta la fecha se han eliminado 10,5 hectómetros cúbicos de bombeos; 6,8 hm3 tras la compra de la finca ‘Los mimbrales’ y 3,7 hm3 de la sustitución de 814 hectáreas de aguas subterráneas por superficiales procedentes de las cuencas del Guadiana y del Tinto, Odiel-Piedras, lo que ha conllevado a la clausura de un total de 420 pozos.
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