La organización internacional Vía Campesina ha denunciado hoy que el 30 por ciento de los 10 millones de jornales que anualmente genera la campaña de los frutos rojos en la provincia de Huelva no se declaran y con ello, se deja de ingresar en la Seguridad Social 36 millones de euros.
Esta es una de las conclusiones del informe que ha realizado el colectivo -compuesto por sindicatos españoles y marroquíes y distintos colectivos europeos- tras la visita realizada los últimos días a los campos freseros de Huelva.
En rueda de prensa, Oscar Reina, el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entidad perteneciente a Vía Campesina, ha explicado que "hay que dar una solución a lo que está pasando en el sector de los frutos rojos, no puede ser que se estén vulnerando los derechos humanos de las personas trabajadoras y no se puede no consentir que se estén expoliando todos los recursos naturales de estas tierras sin control", ha señalado.
En el informe se pone de manifiesto que para la campaña se necesitan alrededor de 100.000 jornaleros, de los que 12.200 personas son de contrato en origen procedentes de Marruecos; 500 con contrato en origen de Ecuador y Honduras; unas 35.000 personas de países europeos y subsaharianos y el resto son autóctonos.
Todos ellos generan 10 millones de jornales, un 30 % de los cuales no se declaran, por lo que se deja de ingresar en la Seguridad Social 36 millones de euros.
Además, se denuncia, en relación con el convenio colectivo y derechos laborales, que "no se pagan los domingos, festivos ni las horas extras; ni el kilometraje ni el salario diario de recolección fijado en 51,09 euros".
Según los cálculos de la organización 10 millones de jornales a 51,09 euros supondrían 511 millones de euros: "De ellos sólo se declaran siete millones, a los que si se les resta el 2% del IRPF, suponen 7.152.600 euros, que es lo que se queda la Hacienda Pública, ya que ni los jornaleros/as autóctonos ni los contratados en origen hacen la declaración de la renta, cosa que habría que corregir", han señalado.
Más allá de lo económico, han advertido, como consecuencia del aumento de habitantes en los pueblos agrícolas, deficiencias en servicios esenciales y han denunciado abusos y explotación en los tajos donde "se da un trato pésimo, no les declaran todos los días trabajados, hay contratos sin dar de alta e incluso se realizan contratos a trabajadores/as sin regularización ninguna".
Frente a todo ello Vía Campesina propone alternativas como la creación de un cuerpo especial de inspectores que visite diariamente los campos para terminar con estas irregularidades; declarar delito penal los incumplimientos de la normativa laboral; o que a los contratos en origen se les garantice un mínimo de 23 días mensuales de trabajo (al menos que sea por fuerza mayor), entre otras.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
