El jurado popular del juicio contra Bernardo Montoya, el varón acusado de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años, en la localidad de El Campillo, ha decidido este lunes que las sesiones sean a puerta cerrada.
Así lo ha confirmado el TSJA tras decidirlo el jurado, el cual ha determinado que todas las sesiones de este juicio se celebren a puerta cerrada, tal y como han coincidido todas las partes presentes, desde la Fiscalía, acusación popular, acusación particular y defensa.
De este modo, todas las partes se han adherido a la petición del abogado de la acusación particular, que representa a la familia de la joven, el cual ha recordado que "desde el punto de vista técnico no existe ninguna razón" para que este juicio sea público, toda vez que ha incidido en "el derecho constitucional de la víctima" para que se preserve su dignidad y privacidad.
El letrado, que ha recordado que el juicio del también caso mediático de 'La Manada' fue a puerta cerrada, ha señalado el delicado cariz de este caso, con una agresión sexual y posterior asesinato de la joven, toda vez que ha sostenido que, al ser a puerta cerrada, "no se entra en colisión con el derecho de la prensa a informar". Como ha enfatizado, si el juicio tiene lugar a puerta abierta, "se perjudicará la memoria de la víctima".
Por su parte, el abogado de Bernardo Montoya ha apuntado que también se adhiere a la petición de la acusación particular de cara a la defensa de las "garantías procesales" de su representado.
El magistrado presidente, Florentino Ruiz, ha explicado al jurado, recién constituido, que tenía tres opciones de cara al juicio, es decir, que fuera a puerta abierta, a puerta cerrada o una opción intermedia, en la que hubiera sesiones públicas y las más delicadas, donde se mostraran imágenes, por ejemplo, y que pudieran incidir en la privacidad de la víctima, que se hicieran puerta cerrada. Para tomar la decisión correspondiente, el jurado popular ha tenido un receso y finalmente ha determinado que el juicio sea a puerta cerrada.
No ha trascendido, sin embargo, si el jurado ha sido unánime a la hora de posicionarse en la misma línea que las partes.
La decisión está siendo muy criticada por los profesionales de los medios de comunicación que cubrían el juicio al entender que se ha coartado su derecho a informar.
Críticas de la Asociación de la Prensa
De hecho, la Asociación de la Prensa de Huelva ha mostrado su indignación ante el "apagón informativo" en el juicio tras decidirse que se desarrolle a puerta cerrada y sin la señal televisiva que se había preparado para la cobertura periodística, algo que consideran "un grave error que atenta directamente contra los principios democráticos de un proceso público que la propia Constitución Española considera un derecho fundamental".
El hecho de que un juicio de enorme interés social y por el que se solicita una pena de prisión permanente revisable se haga a "oscuras" en una decisión tomada la propia mañana de juicio es una "grave afrenta" a los principios del papel de garante democrático de la profesión periodística por lo que "se le hurta a la ciudadanía su derecho a la información en un caso que escandalizó a toda la sociedad española" y en el que están en juego numerosas implicaciones jurídicas y emocionales que debieran ser públicas para un futuro debate social.
Desde la Asociación de la Prensa de Huelva consideran especialmente grave esta decisión teniendo en cuenta que se trata de un juicio con jurado popular, por lo que han sido personas legas en derecho las que participado de la toma de decisión.
La APH ha defendido que el principio de publicidad de los juicios penales debe prevalecer salvo contadas excepciones y que así lo recoge la propia Constitución Española, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
En un caso en el que además ni concurre la presencia de menores ni se atisban problemas de orden público que pudieran motivar la decisión.
La Asociación de la Prensa estará vigilante a las motivaciones que el juez debe exponer en un auto específico para hacer una excepción de la norma y consultará con los servicios jurídicos de la FAPE, que ha asumido y respalda el comunicado de la Asociación de la Prensa, las posibilidades de recurso y/o protesta que la legislación permita en este caso en el que los profesionales de la información sienten vulnerados sus derechos y que están plenamente capacitados para salvaguardar el honor de la víctima y sus familiares de acuerdo a los principios del código deontológico de la profesión periodística.
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