Un recurso contra la condena de 1.800 euros y seis meses de suspensión de cargo público que le impuso la Audiencia de Granada
El exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (PSOE) ha formalizado ante el TSJA un recurso contra la condena de 1.800 euros y seis meses de suspensión de cargo público que le impuso la Audiencia de Granada después de que un jurado lo declarara culpable de malversación por mal uso de un teléfono móvil.
Según ha informado este viernes el exregidor en un comunicado de prensa, el alto tribunal andaluz, con sede en Granada, ya ha admitido a trámite el referido recurso, en el que se especifican cuatro motivos para la apelación.
En el recurso alude a un quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que le habría causado indefensión, a la vulneración del principio de presunción de inocencia, atendiendo a las pruebas practicadas en el acto del juicio y la inexistencia de prueba de cargo, la vulneración del principio acusatorio, y a la infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos contenida en la sentencia condenatoria.
La finalidad de esta apelación es que se pueda revocar el fallo y que se absuelva a López Ródenas del delito de malversación, con todos los pronunciamientos favorables.
La sentencia de la Sección Primera ahora recurrida, a la que tuvo acceso Efe, lo condenó por contratar servicios de tarificación especial (prémium) con el teléfono municipal que tenía asignado entre diciembre del 2008 y febrero de 2011.
Los costes que generaba este teléfono fueron sufragados por el Ayuntamiento, conforme a la facturación de la compañía telefónica, en la que se incluyó el coste del acceso a "diversos servicios personales de mensajería corta" realizado por el acusado "de forma consciente y voluntaria", por importe de 1.579 euros.
La resolución indicaba que el acusado reintegró al Consistorio esa cantidad el pasado mayo de 2014.
El propio López Ródenas ya aclaró en su momento que la Fiscalía no había acusado en este caso e insistió en que no había "prueba de cargo alguna, ni certeza, ni evidencia" para probar "sin lugar a dudas" que hubiera contratado de forma consciente y voluntaria los servicios de SMS prémium.
El exalcalde tiene pendiente otro juicio por supuesta prevaricación y malversación, por el que se enfrenta a una petición provisional de la Fiscalía de cuatro años y medio de cárcel, como acusado de gastar más de 47.200 euros en taxis.
La Audiencia de Granada decidió este jueves aplazar hasta los próximos 4 y 5 noviembre este juicio ante la reciente aportación de documentación relacionada con el caso que, dada su extensión, las partes deberán analizar con un margen de tiempo suficiente.
