El exalcalde de Cogollos Vega (Granada), el independiente Francisco Luzón, ha defendido este martes su gestión en relación a unas obras vinculadas al Programa de Actuación de Infravivienda de la Junta de Andalucía que se promovieron en el municipio durante su mandato y ha negado la comisión de los delitos prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial de los que está acusado en el juicio que ha comenzado contra él en la Audiencia de Granada.
Luzón se enfrenta a una petición fiscal de siete años de prisión y 19 de inhabilitación especial para empleo o cargo público en esta causa, por la que también se han sentado en el banquillo de los acusados el promotor al que inicialmente se le adjudicaron los trabajos y una tercera persona, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
El asunto gira en torno al proyecto de infravivienda realizado en una de las viviendas situadas en el barrio árabe de la localidad, respecto a la que el entonces alcalde decidió que las actuaciones previas, como eran la demolición del tejado y la planta superior, las realizara el propietario de la vivienda, supuestamente en beneficio de la empresa constructora y en perjuicio del Ayuntamiento.
Según el fiscal, la dueña de la casa desconocía esta decisión porque no se le dio el proyecto para que lo firmara, como es preceptivo en este caso, ni fue informada del asunto, mientras que en el contrato tampoco se mencionaban estos trabajos previos a cargo del propietario y con un coste de 21.115 euros.
Así las cosas, el fiscal acusa al ahora exalcalde de firmar el 14 de febrero de 2011 en el marco del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) dos contratos con el marido y el hijo de la propietaria de la vivienda afectada para realizar estos trabajos en la casa sin la cobertura de ningún expediente. Los trabajadores fueron "ajenos" a esta maniobra y "se limitaron a cumplir con el encargo que les dio el alcalde", según el fiscal, aunque el exregidor ha negado estos extremos ante el tribunal, asegurando que los trabajos que contrató eran propios del PFEA y no dirigidos a esta vivienda.
La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Cogollos Vega representado por el letrado Carlos Jiménez, de Revelles Abogados, ha solicitado ocho años y cinco meses de prisión y 16 de inhabilitación por los mismos delitos que le atribuye la Fiscalía. Está previsto que el juicio continúe este miércoles.
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