Siete mujeres, de entre 29 y 55 años, han sido detenidas en Granada y han ingresado en prisión como presuntas responsables de delitos de explotación sexual de mujeres y tráfico de cocaína, además de blanqueo de capitales, tras una operación de la Policía Nacional que ha logrado liberar a diez de sus víctimas.
Según ha informado este miércoles en un comunicado, los agentes han practicado igualmente dos registros domiciliarios en los que han intervenido más de 26.000 euros en efectivo y más de 13 gramos de cocaína.
La investigación se inició el pasado febrero, tras haber recibido varias denuncias de mujeres extranjeras, en la que manifestaron haber sido captadas a través de anuncios colocados en páginas web en los que se les ofrecía la posibilidad de ganar mucho dinero.
A este engañoso reclamo acudieron mujeres que se desplazaron desde distintos puntos de España para confluir en un céntrico inmueble, lugar donde habrían de ser explotadas por otras siete mujeres.
Según la Policía, el "férreo control" ejercido por estas, repartidas en turnos que abarcaban las 24 horas, era llevado a cabo durante todos los días del año "sin excepción".
Las víctimas ejercían la actividad sexual sin interrupción, aunque en función de la demanda existente podían ausentarse del edificio sólo por breves espacios de tiempo y únicamente para comprar comida o productos de aseo.
Además, eran obligadas a vender cocaína a los usuarios de estos servicios y debían de ofrecer de manera insistente dicha sustancia.
Los servicios sexuales eran ofertados a través de anuncios en páginas de contactos y de contenido sexual y cada víctima contaba con su propio número de teléfono, todos ellos atendidos por las mujeres que ejercían las funciones de custodia y no por su titular.
Una vez pactado el encuentro los clientes eran citados en una de las habitaciones de las que disponía el céntrico edificio de dos plantas.
Dicho inmueble habría sido alquilado por la principal responsable de la actividad, una mujer de 55 años, de origen brasileño y naturalizada española, que estaba dividido en un modo similar a un hotel.
Un elevado tanto por ciento de los beneficios generados por el ejercicio de la prostitución, junto con la totalidad del correspondiente a la venta de cocaína, era el beneficio económico que conseguían las explotadoras, con unos ingresos netos diarios que podían superar los 1.000 euros.
Tal cantidad de dinero se habría ido blanqueando de manera progresiva, desde el inicio de la actividad en 2015, mediante la compra de bienes muebles o vehículos o bien habría sido depositado en diferentes cuentas bancarias, y parte del mismo era transferido al extranjero.
Durante el desarrollo de la operación se han practicado tres registros, dos de ellos en Granada y un tercero en una localidad próxima del área metropolitana, incluyendo el edificio de dos plantas y el domicilio de la principal implicada.
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