La Fiscalía de Granada ha pedido cinco años de prisión para cuatro promotores inmobiliarios acusados de quedarse con tres cheques valorados en casi 4,5 millones extendidos para otro empresario por la venta de un terreno en Huétor Vega (Granada), y que falsearon para simular que se habían cobrado.
Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan al mes de agosto de 2006 cuando la víctima llegó a un acuerdo con una UTE inmobiliaria formada por Comarex y Blauverd.
En esta Unión Temporal de Empresas participaron como responsables de las dos empresas los acusados Rafael R.B., Gustavo R.A.F.F., Manuel R.A.M. y Fernando Rafael R.A.M., que fueron así parte activa de la compra de terrenos de un plan parcial de Huétor Vega.
"Con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y de defraudar", según la Fiscalía, firmaron un contrato de cesión de derechos con el denunciante para poder acceder a la compra de los terrenos, un acuerdo que inicialmente fijaba en 60,10 euros el precio del metro cuadrado y que lo abarató a 57 con "un tachón" de bolígrafo.
En noviembre de ese mismo año, el denunciante fue citado para firmar un nuevo contrato por el que, ya en enero de 2007, se emitieron seis cheques, aunque el vendedor de los terrenos solo llegó a cobrar tres de ellos con un valor global cercano a los cinco millones de euros.
La víctima no recibió nunca los otros tres cheques, valorados en cerca de 4,5 millones de euros, pese a que sí se expendieron.
Según la Fiscalía, los acusados actuando de común acuerdo y "con ánimo de aparentar verdad, simularon el endoso de tales cheques", para lo que imitaron la firma del denunciante.
Después, ingresaron ese dinero en la cuenta de una de las sociedades de las empresas de la UTE para reducir un saldo deudor de 15,7 millones de euros.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular en concurso con otro de apropiación indebida.
De manera alternativa, ha considerado que los acusados cometieron un delito de falsedad de documento mercantil en concurso con un delito de estafa.
El Ministerio Público ha solicitado en ambos casos una condena cinco años de cárcel para cada uno de los acusados y el pago de una multa de 4320 euros.
Los cuatro acusados serán juzgado en dos sesiones y desde el próximo 29 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
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