La Policía Nacional de Granada ha desarticulado un entramado delictivo por el que han detenido e investigado a diez personas, siete de ellas españolas y tres extranjeras, como supuestos autores de al menos cinco delitos de falsedad en la creación de documentos para que ciudadanos extranjeros marroquíes con permisos de residencia pudieran regularizar a sus familias de origen.
Según ha informado la Policía Nacional en una nota, la investigación comenzó una vez que los agentes descubrieron ciertas irregularidades en la documentación presentada por algunos ciudadanos marroquíes para el trámite de reagrupaciones familiares lo que les llevó a la localización de un grupo compuesto por varias personas ubicadas en la comarca de la Alpujarra de Granada que se habrían dedicado a "crear elementos probatorios cuyo contenido no se ajustaba a la realidad con los que pretendían cumplir los requisitos establecidos por la ley para estas reagrupaciones de esposas e hijos".
La organización habría establecido su lugar de actuación en la zona de la Alpujarra con un reparto de tareas entre sus miembros "perfectamente estructurado", una mujer de origen marroquí nacionalizada española que sería "la encargada de captar a los ciudadanos marroquíes con más de un año de residencia legalizada, requisito indispensable para poder iniciar los trámites de reagrupación familiar y dispuestos a asumir el coste económico del fraude", un arquitecto técnico al parecer el ideólogo del plan responsable de buscar a propietarios de viviendas o cortijos de la zona.
Se trataba de simular supuestos arrendamientos a los marroquíes y un arquitecto que visaría los informes técnicos de habitabilidad de las viviendas. Según la investigación, estas viviendas utilizadas para los falsos alquileres se encontraban habitadas por los propios dueños y en otras ocasiones carecían de las condiciones mínimas de habitabilidad.
También ha sido investigada una empresaria agrícola la cual actuaba como intermediaria de alguno de los ciudadanos extranjeros que trabajaban para ella y era la encargada de ponerlos en contacto con la captadora y el arquitecto técnico.
Los agentes están investigando además la posible participación en la trama de un graduado social que habría actuado como representante legal en los cinco expedientes fraudulentos descubiertos hasta el momento.
El grupo no dudaba en "cobrar diferentes cantidades de dinero a los solicitantes por los documentos falseados que pretendían otorgar derecho de residencia ilegal a sus familiares los cuales oscilaban entre un mínimo establecido en los 1.200 euros que podía llegar hasta los 6.000 dependiendo de la capacidad económica de cada peticionario", obteniendo así el mayor beneficio posible.
Estas cantidades se repartían subjetivamente con porcentajes de 500 euros para la captadora, la misma cantidad para quienes se prestaban a simular los contratos de las viviendas y el resto para el arquitecto técnico y el arquitecto certificador. El resultado de la investigación ya ha sido comunicado a la autoridad judicial.
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