El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha absuelto al exalcalde de Otura (Granada) Ignacio Fernández-Sanz (PP) del delito de prevaricación en la tramitación para construir dos aulas escolares, hechos por los que se enfrentó a la petición de la Fiscalía de nueve años de inhabilitación.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, absuelve al exalcalde al considerar que no han quedado "suficientemente acreditados" los hechos de la causa, en la que además debe primar la presunción de inocencia.
Fernández-Sanz fue juzgado el pasado 6 de noviembre en el Penal 4 de Granada, aunque los hechos se remontan a la horquilla temporal comprendida entre julio y septiembre de 2011 cuando el ahora absuelto, como alcalde de Otura, adjudicó las obras para ampliar un colegio local y dotarlo de dos nuevas aulas.
Lo hizo, según defendió durante el juicio la Fiscalía, de manera directa y sin las perceptivas ofertas previas ni la negociación con diferentes empresas.
El titular del Penal ha argumentado que la tramitación de esas obras representa un "fraude de ley" porque no se hizo siguiendo los trámites "legalmente establecidos", aunque ha apuntado que no queda acreditado que el entonces alcalde se encargada del procedimiento ya que tenía delegadas las funciones.
Además, ha subrayado que la firma que aparece en la factura emitida por la empresa que ejecutó las obras no es la del alcalde, que ha estado representado por el letrado Rafael López Guarnido, sino por uno de sus concejales que como testigo dijo haberse encargado de gestionar la ampliación del colegio.
Durante la celebración del juicio, el exalcalde recordó que esa ampliación del centro educativo se iba a hacer con la Junta, con la que finalmente no hubo acuerdo, por lo que el Ayuntamiento decidió construir al menos dos aulas para evitar las anunciadas protestas del AMPA, que dijo que los alumnos no irían al colegio si no se ampliaba.
Fernández-Sanz resaltó además que del proyecto se encargaron los concejales de Economía y de Urbanismo y que las obras empezaron y acabaron sin reparo alguno del arquitecto municipal, la Intervención o la secretaría del Ayuntamiento.
Las aulas por las que arrancó esta causa, en la que el Ayuntamiento de Otura se personó como acusación particular, se hicieron, se pagaron y funcionaron hasta que el mismo ayuntamiento pero con un gobierno del PSOE denunció esta y otras cuatro obras.
La Fiscalía había solicitado una petición de 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público al entender que no existía un expediente del proyecto, petición a la que se sumó la acusación particular, que mantuvo que no hubo un error sino intención.
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