El delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, reclama a la Junta de Andalucía que “establezca un plazo cierto” para dar respuesta al borrador de convenio remitido la pasada semana por el Ministerio de Fomento para la cesión de la titularidad de diez kilómetros del Eje Ferroviario Transversal -en el marco de la puesta en servicio de la Variante de Aguadulce (Sevilla)-, ya que “se trata de alcanzar una solución en beneficio de los ciudadanos, una vez que la Junta ha cambiado su postura y ha aceptado una compensación económica”. Los municipios de Arahal, Osuna, Marchena y Pedrera son los afectados. Así lo indica el delegado del Gobierno en un comunicado en el que defiende que, desde el otoño de 2018, cuando las lluvias torrenciales afectaron al tramo Osuna-Pedrera destruyendo el puente metálico situado sobre el río Blanco, en Aguadulce, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) “está trabajando por garantizar la conexión ferroviaria de la Sierra Sur de Sevilla y, por tanto, del resto de las líneas andaluzas que se están viendo afectadas por este corte de servicios”, como los media distancia Almería-Granada-Sevilla y Málaga-Sevilla.
En el año que lleva cortado el servicio, han sido más de 200.000 los viajeros que han tenido que ser transbordados en autobús para poder continuar con sus viajes. Esto equivale a una caída de viajeros en estos trayectos del 20%. “El Gobierno de España entendió como prioritario dar una respuesta a los ciudadanos y comenzó, previa autorización de la Junta de Andalucía, el montaje de la vía aprovechando la plataforma existente del Eje Ferroviario Transversal”, subraya. Dichas obras finalizaron el pasado abril, aunque su puesta en funcionamiento se encuentra a la espera de otorgar la titularidad de dicho tramo al Estado mediante un convenio que ya ha presentado el Ministerio a la Consejería de Fomento, “que ahora debe dar un plazo concreto para poder ratificarlo”, apostilla el delegado del Gobierno.
Por su parte, la Consejería de Fomento volvió a pedir ayer “lealtad institucional” para resolver “este asunto”, a la vez que anunció que la propuesta de convenio “está siendo analizada por los servicios jurídicos por su complejidad”. “La prioridad es que se restablezca el servicio, aunque posteriormente se deberá acordar la justa contraprestación económica del Estado por el interés de los andaluces”, remarcó Fomento.
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