Las más de cuarenta personas acusadas de un presunto fraude masivo en prestaciones han aceptado penas de cárcel que oscilan entre cuatro meses y dos años de cárcel tras un acuerdo entre la Fiscalía, las acusaciones ejercidas por la Abogacía del Estado y el Instituto de la Seguridad Social, y las defensas.
Durante una vista celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada esta conformidad de las partes ha sido posible después de que ayer se frustrada un principio de acuerdo y hoy haya quedado fuera de la causa y absuelto uno de los 44 procesados iniciales.
Finalmente, todas las partes han acordado una rebaja a dos años de prisión y multa de 290.000 euros para los dos principales acusados, penas de cuatro meses de cárcel para aquellos trabajadores que han abonado lo que debían a la Seguridad Social y de seis meses para los que todavía no lo han hecho.
Todos los procesados han aceptado y por tanto serán condenados en sentencia como autores de un delito contra la Seguridad Social y perderán durante varios años la posibilidad de obtener subvenciones y el derecho a incentivos fiscales.
La Fiscalía solicitó de forma provisional, según su escrito inicial al que tuvo acceso Efe, cuatro años de cárcel para el acusado de crear una falsa empresa de cereales y, con la ayuda de otro investigado desde una gestoría, hacer contratos falsos para que otros 42 imputados cobraran prestaciones de la Seguridad Social sin haber trabajado.
La investigación comenzó por las sospechas que levantó la empresa del principal acusado, Felipe V.C, y que motivó la intervención de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) a petición de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, señalaba la acusación pública.
La Fiscalía relataba que el dueño de la empresa actuó con la ayuda de otro acusado, Juan Manuel G.V., autorizado para operar desde una gestoría de Padul (Granada), en la que daba de alta y después de baja a los trabajadores.
"Todo ello desde una apariencia de verdad creada por los acusados con la finalidad de simular la contratación laboral de personas", según el ministerio público, que apuntaba que luego se daban de baja, sin haber trabajado nunca, para recibir subsidios.
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