El Ayuntamiento de Castril (Granada) ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para pedir que anule el permiso otorgado a Andaluza de Energía para explotar el caudal del río con una central hidroeléctrica que creen carece de informes ambientales.
La petición, cursada en la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal andaluz, adjunta una decena de documentos al procedimiento y exige al TSJA que anule la concesión administrativa de la Central Hidroeléctrica del Portillo, situada a la salida del embalse del mismo nombre, en el río Castril.
Este central tiene como beneficiaria a la empresa Andaluza de Energía S.L., una firma con sede social en Albacete que se constituyó solo unos meses antes de solicitar la concesión, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.
El Consistorio ha argumentado su demanda en los daños irreversibles que el uso de agua para generar energía ocasionaría al río Castril, que afronta otras "batallas" también judicializadas como el trasvase o los usos ecológicos del caudal.
Según la demanda, se le concedieron a la empresa unos caudales "inasumibles" para el mantenimiento de los ecosistemas fluviales del río al hacer los cálculos atendiendo a las necesidades económicas y del mercado eléctrico, pero no ambientales.
El Ayuntamiento ha cuestionado además la caducidad del Informe Ambiental favorable emitido por la Junta, que se debería haber convalidado, y ha subrayado la "vulneración sistemática" de varias de las Normas Comunitarias tanto medioambientales como principalmente la Directiva Marco del Agua, que incumplirían el derecho europeo.
Con estos datos, Castril ha solicitado al alto tribunal la nulidad de la concesión y que se vuelva a sacar a licitación, en unas condiciones que respete los caudales naturales del río y en las que se tengan en cuenta los valores medioambientales frente a datos de explotación económica.
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