Un jurado popular juzgará desde el próximo 27 de enero al acusado de asesinar al exconcejal socialista de Granada José Miguel Castillo Higueras, un procesado que se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable y otros tres años de cárcel por robar y matar a su víctima con alevosía y violencia.
La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebrará las tres sesiones previstas del juicio, con jurado popular, contra el acusado de robar y asesinar a Castillo Higueras el 23 de enero de 2022.
Según el escrito provisional de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana cuando el exconcejal salió de su casa como hacía habitualmente y se dirigió desde San Antón en dirección a Recogidas, vías céntricas.
Se cruzó entonces con el procesado, en situación irregular en el país y en prisión provisional por esta causa desde marzo de 2022, que aprovechó la ausencia de otras personas en la calle por ser domingo y las 7.30 horas, y golpeó al exconcejal en la cara.
Lo hizo según la Fiscalía de manera sorpresiva, sin que el concejal pudiera verle, y con intención de robarle.
El golpe provocó la caída de la víctima, que se quedó tendida en el suelo mientras el procesado se alejaba del lugar con la bandolera del exconcejal.
El hombre fue auxiliado por varios ciudadanos que le ayudaron a levantarse, entre ellos un guardia civil fuera de servicio, y hasta el propio procesado, que dejó las cosas que había robado en la acera cercana.
Cuando Castillo Higueras fue levantado del suelo, siguió su marcha aturdido, sin reconocer al agresor y sin sus cosas, con las facultades mermadas por el primer golpe.
El procesado volvió entonces a perseguir a su víctima, según recogen las cámaras de seguridad de la calle, hasta que en una zona poco transitada y tras un "seguimiento férreo" durante media hora, "tomó impulso" y le propinó un fuerte golpe en la cara que provocó la caída fulminante de la víctima.
Con ánimo de enriquecerse, según la Fiscalía, se dirigió a la víctima "de manera fría" para registrarlo y lo despojó de todas sus pertenencias antes de huir.
La autopsia practicada al exconcejal socialista demostró que se trató de una muerte violenta por un traumatismo craneoencefálico severo por el que murió en el hospital horas después de que el procesado lo abandonase a su suerte en el suelo.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de asesinato cometido contra una persona especialmente vulnerable por la edad y con alevosía para facilitar la comisión de un segundo delito, un robo con violencia e intimidación.
Ha reclamado por el asesinato una condena a prisión permanente revisable y quince años de libertad vigilada, además de la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 300 metros de los familiares de la víctima durante 33 años.
A esa petición ha sumado otros tres años de cárcel por el robo, indemnizar a cada uno de los hermanos del exconcejal con 90.000 euros y aportar una fianza de 500.000 euros.
La acusación particular que ejerce la familia también ha solicitado una condena a prisión permanente revisable por el asesinato y ha sumado otros cuatro años de prisión por el robo.
El procesado será juzgado por un jurado popular por estos hechos en tres sesiones previstas desde el 27 de enero.
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