La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para el que fuera secretario general del Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG) entre 2015 y 2021 por presuntamente apropiarse de un total de 72.082 euros de los cuotas de los afiliados de este y de otro sindicato policial con sede en Granada.
La Fiscalía acusa a este agente de un presunto delito continuado de apropiación indebida por presuntamente haberse quedado con esa suma de dinero sustrayendo distintas cantidades a lo largo de 2019 y 2020. El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Granada, una vez que el resto de acusaciones y la defensa presenten sus escritos de calificación, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
El acusado también era en ese tiempo secretario general de la Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España (USPLBE), y, en nombre y representación de ambos sindicatos estaba facultado para abrir o cancelar cuentas bancarias, así como para disponer de los fondos y cuotas abonadas por los afiliados. En ambos casos, el dinero estaba depositado en distintas cuentas que además tenían tarjetas de crédito asociadas expedidas a nombre del acusado.
La Fiscalía le acusa de haber "aprovechado el cargo que ocupaba en ambas organizaciones durante los años 2019 y 2020" para disponer "en su propio beneficio" de los fondos de estas organizaciones "destinándolos a fines ajenos a la actividad sindical e incorporándolos a su propio patrimonio con el consiguiente perjuicio para los sindicatos".
De las cuentas del SIPLG presuntamente se quedó con 33.327 euros a través de "numerosas retiradas de dinero en efectivo", "tanto en ventanilla" de oficinas bancarias como haciendo "uso de la tarjeta de crédito". La Fiscalía también cree que emitió cheques al portador que "él mismo cobraba", según consta en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.
En relación a la Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España, presuntamente "realizó numerosas retiradas de dinero en efectivo en ventanilla" durante 2019 y 2020 por un montante total de 38.755 euros. Tras reconocer en 2020 ante el secretario de Organización del SIPLG "haber dispuesto de fondos de los sindicatos en su beneficio", el agente reintegró 6.150 euros.
Además de la pena de cuatro años de prisión, la Fiscalía pide que sea condenado al pago de una multa de 2.700 euros y que indemnice al SIPLG en 33.327 euros y a la Unión de Sindicatos de Policía Local y Bomberos de España en 38.755 euros.
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