El concejal de Turismo y Cultura de Granada, Juan Ramón Ferreira (PP), ha indicado en el Pleno municipal ordinario de este viernes que el Ayuntamiento de esta ciudad andaluza ha encargado un informe externo para evaluar "con precisión" la situación de los pisos turísticos, cuya regulación ha dejado en manos de los municipios la Junta de Andalucía.
En el debate de una moción del PSOE para activar la normativa que regule las viviendas con fines turísticos en Granada, que se ha aprobado junto con los votos favorables del PP y la abstención de Vox, Ferreira ha indicado que la mesa técnica que creaba, incluyendo a responsables políticos, el consistorio granadino para, según informó a principios del pasado marzo, definir "la mejor herramienta" para esta regulación en coordinación con las recomendaciones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ha celebrado ya varias reuniones.
Se trata de dilucidar "con precisión", ha explicado el concejal de Turismo en el Pleno, cuál es la situación previa de estas viviendas, que, según los cálculos que ha expuesto, son unas 3.000 de las 140.000 que ha señalado hay censadas en la ciudad de la Alhambra. No es lo mismo, ha expuesto Ferreira, la casuística que puedan presentar bloques en los que todos sean pisos turísticos que la de aquellos edificios que tengan unidades aisladas.
Habrán de tener también en principio un "tratamiento distinto", ha añadido el concejal, quien ha apuntado que ello se podrá articular a través de ordenanza o de otro instrumento jurídico que pueda resultar más ágil y efectivo.
Ha llamado en cualquier caso a "evitar demonizar" a un sector "fundamental" para la vida y la economía de la ciudad, y a no confundir la situación de "algún barrio" en una época determinada, con la del "conjunto" de la ciudad durante todo el año, incidiendo en la idea del Ayuntamiento de Granada de que la situación en esta ciudad en relación con los pisos turísticos no es comparable a la de otras como pueden ser Barcelona, Málaga o algunos territorios isleños.
Las medidas que se planteen en este contexto habrán de atenerse a la "seguridad jurídica" y ser "eficaces" para contribuir a que se ataje el problema "o lo mejoren por lo menos", ha indicado Ferreira en respuesta a los planteamientos del PSOE, que ha defendido el edil Eduardo Castillo.
Ya en marzo el edil de Presidencia, Jorge Saavedra, expuso que el Ayuntamiento trabajaba con la constitución de la mesa técnica, que incluye a varias concejalías, entre ellas la de Urbanismo, al objeto de "tener claro el camino a seguir desde el punto de vista jurídico para poder regular" esta cuestión con una normativa que no se articule de una manera precipitada y que "redunde también en beneficio" de la ciudad y de los granadinos y conciliando el derecho al descanso con el desarrollo turístico.
Este pasado jueves, en el resumen de las iniciativas socialistas al Pleno, el viceportavoz del Grupo Municipal del PSOE, Jacobo Calvo, indicó, por su parte, que "en Andalucía las competencias de esta regulación las tienen los ayuntamientos, pero parece que el PP de momento prefiere mirar a otro lado, aunque eso suponga poner en peligro" la economía.
"Estamos viendo cómo vecinos de Albaicín, Realejo y Centro se están organizando" para que la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo "abra de una vez los ojos, en lugar de vivir de espalda a la realidad, incluso entrando por la puerta de atrás del Ayuntamiento para evitar hablar que los granadinos le saquen los colores", apuntó, señalando que el PSOE ha planteado en este ámbito "propuestas para abordar los problemas de los ciudadanos".
La moción aprobada en Pleno señala que "la ausencia de regulación y, por tanto, de límites acentúa aún más los problemas y desigualdades para acceder a una vivienda, especialmente entre los más jóvenes que, en muchos casos, se ven obligados a abandonar nuestra ciudad".
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