El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada presenta una moción a Pleno en la que insta al Gobierno central a participar con programas de inversión en las medidas impulsadas por el Consistorio para favorecer la construcción de nuevas viviendas en régimen de alquiler "a precios asequibles" en la ciudad.
El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Jorque Saavedra, expone que la proposición se enmarca dentro del nuevo modelo de ciudad impulsado por el Gobierno local, definido ya en el avance del PGOM, donde con el reto de "llegar a una población de Granada en 250.000 habitantes se proyecta la construcción de 14.200 nuevas viviendas", señala la formación en un comunicado.
En este objetivo, según ha apuntado, para el Gobierno municipal es "prioritario" el desarrollo de políticas dirigidas a promocionar la construcción de nuevas viviendas "a precios asequibles", por lo que ha hecho hincapié que "requerimos del compromiso de todas las administraciones, en este caso el Gobierno de España, con ayuntamientos y comunidades autónomas, para el impulso de programas de construcción de nuevas viviendas en régimen de alquiler".
En la moción, el grupo municipal del PP lamenta en la exposición de motivos que el Gobierno central, en la nueva ley de 12/2023, de 24 de mayo, haya adoptado medidas, como la intervención del mercado, la declaración de zonas tensionadas y el establecimiento de índices del precio de las viviendas de alquiler, sin tener en cuenta las realidades de cada territorio, "un hecho que estamos convencidos va a originar efectos negativos en la oferta del alquiler y en el acceso asequible a la vivienda".
Requena advierte de que numerosas fundaciones e institutos y fundaciones de estudios económicos, entre las que cita el Instituto de Estudios Económicos y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), así lo atestiguan en sendos informes "demoledores" en los que alertan de que el control del alquiler por parte del gobierno central "además de contraproducente".
Asimismo, la moción alerta sobre la imposición por parte del Gobierno central "de espaldas" a los ayuntamientos, entidad que debe solicitar la declaración de zona tensionada, mediante informe justificativo, y de las comunidades autónomas, competentes de la aplicación del índice de referencia y la declaración de zona tensionada, recogidas en la ley.
Para el portavoz popular, se trata de una ley que "echa por tierra el enorme esfuerzo realizado en apenas un año por el Gobierno municipal, con Marifrán Carazo a la cabeza, "para facilitar el acceso de las familias granadinas a la nueva vivienda", con medidas, entre las que ha destacado, "el desbloqueo de expedientes urbanísticos para la construcción de 1.300 viviendas de protección oficial o el reciente anuncio de cambio de uso a residencial del PP.T1 Cerrillo de Maracena, donde se prevén casi 1.000 viviendas, de las que el 30 por ciento serán VPO".
