Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido a un hostelero de Motril de 53 años y nacionalidad española acusado de explotar laboralmente a ciudadanos de origen iberoamericano en situación irregular en el país, siendo un total de siete las personas perjudicadas identificadas y liberadas de la explotación laboral, de nacionalidades argentina y colombiana.
Los agentes de la Ucrif de Granada, especializados en la persecución de la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, iniciaron la investigación tras recibir una denuncia anónima en la web de la Policía Nacional en la que se alertaba de la existencia de ciudadanos extranjeros en situación irregular que eran explotados laboralmente en un establecimiento de Motril.
Tras las primeras gestiones, los agentes averiguaron el modo de obtener el trabajo, a través de un anuncio en una conocida red social en la que se aportaba un teléfono de contacto del titular del establecimiento para posteriormente realizar la entrevista de trabajo.
Tras ello, los investigadores realizaron una actuación coordinada con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada en el establecimiento en cuestión situado en el centro de Motril, en la que identificaron al gerente, quien, en un primer momento intentó hacerse pasar por un empleado más y eludir su responsabilidad, y comprobaron que ninguno de los trabajadores contaba con contrato de trabajo ni, por lo tanto, habían sido dados de alta en la Seguridad Social.
Además, siete de los ocho empleados identificados eran ciudadanos de Iberoamérica, procedentes de Argentina y Colombia, y carecían de permisos de residencia o trabajo. Esta circunstancia es lo que habría posibilitado que soportaran abusivas condiciones laborales, con jornadas de más de 12 horas diarias, y salariales, con sueldos de entre 35 y 45 euros por día trabajado, los cuales eran abonados a diario y en efectivo.
Varios de los trabajadores extranjeros fueron oídos en declaración y ratificaron ante los agentes que el detenido era el titular del negocio y quien los había contratado, así como que éste, junto con una asesora legal, eran quienes les habían aleccionado sobre lo que debían decir respecto a que les había contratado otra persona, que cobraban más dinero del que les entregaban y que realizaban menos horas que las realmente trabajaban. El resultado de las investigaciones ya ha sido comunicado a la autoridad judicial en Motril por ser el lugar en el que han ocurrido los hechos.
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