El Tribunal Supremo ha suspendido un plazo de alegaciones otorgado a la asociación de Granada que recurrió la designación de A Coruña como futura sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) hasta que se reciba el expediente administrativo requerido al Gobierno.
En la providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado ponente José Luis Requero toma tal decisión tras la petición efectuada por el colectivo Juntos por Granada.
En concreto, el Supremo accede a la petición de suspensión del plazo otorgado a la asociación el pasado 14 de febrero para realizar alegaciones, e indica que este se retomará "por el tiempo que reste una vez se reciba el expediente administrativo" por parte de la Sala.
Este nuevo paso del alto tribunal se produce tras el plazo otorgado por el tribunal a la asociación granadina a raíz de la "inadmisibilidad" en el proceso planteada sobre dicho colectivo por parte de la Abogacía del Estado.
Para evitar indefensión y hacerlo "con todas las garantías", Juntos por Granada pidió que se suspendiera el plazo de alegaciones "en tanto les sea remitido el expediente administrativo requerido", al entender que este se le debió entregar como máximo para el pasado 22 de febrero, "sin que hasta este momento se haya producido", recoge en el escrito presentado ante el Supremo.
La asociación también pide al alto tribunal que "se intime" a la administración demandada para que remita "inmediatamente" el expediente administrativo y que este le sea entregado.
Juntos por Granada fue el primer colectivo en pedir al Supremo la suspensión de la aplicación o la vigencia de la decisión del Consejo de Ministros del pasado 5 de diciembre, por la que se eligió a A Coruña como sede de la Aesia.
El recurso, al que tuvo acceso EFE, explicaba que el acuerdo del Consejo de Ministros resolvía el concurso público convocado para la adjudicación de la sede física de la futura Agencia de la Inteligencia Artificial, a la que concurrieron un total de 16 candidaturas, entre ellas la de Granada.
Los recurrentes pretenden que el Supremo declare la invalidez y consiguiente anulación de la adjudicación de la sede a uno de los concursantes concurrentes, al entender que A Coruña no ofrecía "ni el mejor proyecto, ni la mejor puntuación posible".
La asociación se refiere a la "arbitrariedad" del acto impugnado y al "daño ocasionado" a Granada, por lo que interesa "una tutela cautelar lo menos lesiva para los intereses públicos y de terceros"; y recuerda que, de las tres finalistas, la candidatura granadina era la de "mayor nivel en todos los conceptos".
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