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Lunes 08/08/2022  

Andalucía

La Junta contrató por 5,4 millones el procesamiento y difusión de los resultados del 19J

Justifica la tramitación por el procedimiento de emergencia por "el escaso margen de tiempo" que mediaba "entre la convocatoria electoral" y los comicios

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Bendodo visita el Centro de Difusión de Datos.

La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía ha destinado una partida presupuestaria de 5.420.014 euros para la contratación, tramitada por el procedimiento de emergencia, del "sistema de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones" al Parlamento autonómico del pasado 19 de junio, "así como otros servicios complementarios", que fue adjudicada a la empresa Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U.

Así se desprende de la documentación de la citada Consejería de la que se dio "por enterado" el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 22 de junio, la primera que mantuvo el Ejecutivo de Juanma Moreno en funciones tras la celebración de los citados comicios.

En concreto, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, elevó el pasado 22 de junio al Consejo de Gobierno la orden de su departamento, con fecha de 9 de mayo, por la que se declaró "la tramitación de emergencia" del referido contrato, cuyo presupuesto ascendió, IVA incluido, a un montante de 5.420.014,71 euros, a abonar con cargo a una partida del Presupuesto de Gastos de la Consejería citada.

La Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos del Gobierno andaluz justificó la tramitación por el procedimiento de emergencia de esta contratación por "el escaso margen de tiempo" que mediaba "entre la convocatoria electoral" --que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acordó el 25 de abril, alrededor de seis meses antes respecto a la fecha inicialmente prevista de las elecciones, en otoño-- "y la fecha de celebración" de las mismas, el 19 de junio.

Esa circunstancia, según argumenta la citada Secretaría General de la Junta en una memoria justificativa, determinó "la imposibilidad de adjudicar a tiempo los contratos de servicios y suministros necesarios para la celebración de las elecciones, que por su cuantía tienen que tramitarse por procedimiento abierto, tal como dispone la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014".

TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

De esta manera, "dada la premura de los plazos", desde la Consejería de la Presidencia se consideró "absolutamente imprescindible la contratación por emergencia del servicio citado", algo que se subraya en la citada memoria justificativa, en la que incluso se advertía de que, "de no poder contar con la cobertura adecuada para tramitar por emergencia los contratos vinculados al proceso electoral", se corría "un riesgo evidente y un grave peligro de que el proceso electoral se vea seriamente comprometido, y con ello, el propio prestigio de nuestro sistema democrático, con los riesgos de orden público que pudiera implicar".

De igual modo, la memoria suscrita por el secretario general de Interior y Espectáculos Públicos, Miguel Briones, sostenía que dicho contrato sólo podía "llevarse a cabo por una empresa con capacidad técnica y económica suficiente, puesto que conllevan mucha notoriedad, con un alto riesgo reputacional, tanto para la administración pública convocante como para la empresa que preste dichos servicios, en atención a la necesidad de recabar y proveer una información rápida y veraz del resultado electoral".

Partiendo de esa premisa, desde la Junta se envió una invitación, con fecha del 28 de abril, a la empresa ISTI (Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U.)", que fue aceptada un día después "mediante la presentación de una propuesta técnica solvente y acreditada en la experiencia de otros procesos", como el más reciente de los comicios autonómicos celebrados en Castilla y León en el mes de febrero de este año.

Tras una "valoración exhaustiva de la propuesta técnica enviada", y constatar la "capacidad económica y técnica" de la citada empresa, la Junta propuso la adjudicación de dicho expediente de contratación a la empresa 'Indra Soluciones Tecnologías de la Información, S.L.U.', por un importe de 4.479.351 euros, que, incrementados con el 21 por ciento de IVA --una cuantía de 940.663,71 euros--, ascendió a la citada cantidad de 5.420.014,71 euros.

CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también se dio "por enterado" en su reunión del pasado 22 de junio de otra orden del consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, de 5 de mayo de 2022, por la que igualmente se declaró la "tramitación de emergencia" del contrato denominado 'Desarrollo de las artes creativas de las campañas de publicidad institucional que resulta necesario realizar con motivo de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía 2022'.

En ese caso, el presupuesto del servicio a realizar ascendió a la cantidad de 163.869 euros, IVA incluido, para la que se destinó también una partida del presupuesto de gastos de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Con la misma justificación del "escaso margen de tiempo" entre la convocatoria electoral y la fecha de celebración de los comicios, la Consejería optó por la tramitación de emergencia para la contratación de "las diferentes campañas informativas" que, según aclaraban desde el Gobierno andaluz, debían "ser percibidas claramente como una información de carácter institucional y destinadas a facilitar el ejercicio del derecho de sufragio, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 39 y 50 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General".

Además, a la hora de tramitar este contrato, desde el Gobierno andaluz subrayaron que "la convocatoria electoral supone, por imperativo legal, el inicio de los plazos de solicitud del voto para procedimientos especiales de votación desde el mismo día de la convocatoria" --como el voto por correo, o el voto del Censo Electoral de Residentes Ausentes
(CERA)--, por lo que, "dada la premura de los plazos", resultaba "imperativo disponer de las diferentes campañas informativas de forma inmediata".

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