La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal investigada por haber presuntamente hackeado sistemas informáticos de instituciones públicas ubicadas en Madrid y Granada a partir del acceso a los servidores en la red, donde modificaban la domiciliación de las nóminas más elevadas y trasladaban el pago a dos cuentas bancarias, una acción por la que habrían estafado, según los agentes, alrededor de 53.000 euros. Además, durante la investigación han sido bloqueados más de 170.000 euros en criptomonedas.
En la investigación, que permanece abierta, los agentes han arrestado a ocho jóvenes en Madrid y han practicado registros en domicilios de la capital, donde se han incautado de cuatro vehículos deportivos de alta gama tasados en más de 450.000 euros, además de unos 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en efectivo y unas 400 tarjetas de débito y crédito de tipo "monedero", según ha desvelado este lunes la Dirección General de la Policía.
La investigación comenzó a primeros de diciembre de 2021 después de una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Granada, que detectó cuatro nóminas de trabajadores que habían sido manipuladas, mientras que el dinero había sido transferido a cuentas ajenas mediante un cambio en la domiciliación bancaria tras un hackeo del servidor.
A finales del mismo mes de diciembre, la Policía localizó el ingreso de una quinta nómina en una de las cuentas bancarias que había sido detectada como pertenecientes a esta organización criminal. En este caso, la víctima era una de las consejerías de Comunidad de Madrid, que informó a los investigadores de la existencia de un incidente de seguridad en su sistema informático de características muy similares al ocurrido en Granada.
El método empleado por los miembros de este grupo criminal consistía en aprovechar unos amplios conocimientos acerca del funcionamiento de los sistemas informáticos adquiridos de forma autodidacta desde muy temprana edad, para así meterse en los programas destinados a gestionar las nóminas en las instituciones públicas afectadas para alterar su normal funcionamiento y lograr cambiar la domiciliación bancaria de las mismas.
Con este proceder, el dinero de cinco nóminas, pertenecientes a trabajadores de esas instituciones, terminó transferido a dos cuentas de dos bancos diferentes que habrían sido abiertas utilizando documentación falsificada. En estas cuentas, los agentes detectaron otros abonos de una cuantía relevante, presuntamente procedentes de otros fraudes informáticos. De momento, el conjunto de todo el capital asciende a una cifra superior a los 53.000 euros.
Después de conseguir de modo fraudulento el dinero, lo desviaban hacia cuentas que la organización criminal poseía y, a través de una plataforma de compraventa de activos digitales, el capital conseguido ilícitamente lo transformaban en criptomonedas, dificultando así la localización del dinero defraudado.
Por ahora secreto de sumario, la investigación, coordinada por el Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada, no descarta que más instituciones hayan podido ser víctimas. Dos de los principales miembros de la organización se encuentran en prisión tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial.
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