El Observatorio Ibérico de la Minería ha documentado la existencia de más de cien minas en España que vulneran los derechos sociales y/o ambientales, una cifra que, según el organismo, representa sólo la punta del iceberg, pues tienen pendiente de examinar 400 explotaciones.
El Observatorio Ibérico de la Minería se creó hace un año para documentar posibles vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causadas por la industria extractiva en España y Portugal y hacer públicas las evidencias existentes sobre cada caso.
Fruto del trabajo de investigación colaborativo de decenas de colectivos, ya han documentado más de 100 casos georreferenciados que desvelan la magnitud del problema, ha informado en un comunicado Ecologistas en Acción, colaborador en la iniciativa.
El observatorio expone todo tipo de situaciones, como ataques, amenazas o pleitos intimidatorios contra activistas; explotaciones clandestinas que operan sin permisos o sin haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental; o minas que infringen los derechos laborales.
Andalucía y Galicia, a la cabeza
"Muchas de estas minas se encuentran en espacios protegidos o en las proximidades de poblaciones, en las que provocan problemas de salud e impactos ambientales por emisiones de polvo o contaminación de las aguas", según la misma fuente.
Por ahora, han documentado más de 400 infracciones ambientales, como vertidos, contaminación por polvo o afectación a bienes culturales; y casi 300 infracciones relacionadas con falta de autorizaciones o permisos ilegales, falta de restauración o avales financieros y corrupción administrativa.
Andalucía, con 24 explotaciones, y Galicia, con 21, son las comunidades con más casos de explotaciones mineras "ilegales" documentadas por el Observatorio, que considera que detrás de estas malas prácticas "está la falta de control por las administraciones que genera un ambiente de impunidad generalizado".
"Esto es sólo la punta del iceberg", pues aún hay 400 casos pendientes de documentar, según el coordinador del Observatorio, Joám Evans, que ha destacado que, además, en los últimos meses se han unido entidades de territorios en los que hasta ahora no estaban investigando.
"Es sorprendente encontrarse con tantas explotaciones ilegales, cuando tanto desde el sector como desde las administraciones se insiste tanto en el mito de la minería responsable y sostenible", ha lamentado Evans.
El Observatorio Ibérico de la Minería es una iniciativa de ciudadanía ambiental en la que participan una treintena de colectivos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El portal cuenta con un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas, facilitando así el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales y ayudando a mitigar las asimetrías existentes entre las comunidades afectadas y el sector extractivo.
Con estos mecanismos, el proyecto pretende contribuir a las funciones de inspección y control de las administraciones públicas, así como a un mejor conocimiento sobre los impactos causados por la minería.
Los detalles del informe se presentarán durante el I Encuentro Ibérico sobre impactos sociales y ambientales de la minería que se celebrará del 12 al 15 de octubre en Extremadura, en cuyo territorio se está produciendo una "avalancha" de nuevos proyectos mineros, como las minas de litio de Cáceres y Cañaveral, la mina de níquel de Aguablanca o la de cobre y oro de Alconchel.
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