La Xunta de Galicia y los grupos parlamentarios con representación en la Cámara gallega (PPdeG, BNG y PSdeG) han cargado contra los nuevos "ataques" de Bruselas para la flota pesquera, que, de salir adelante, supondrían nuevas restricciones y hasta "un golpe de gracia" para el desarrollo de esta actividad. Frente a estos planes, ha habido unanimidad al plantear la necesidad de hacer un "frente común" para intentar frenarlos.
La propuesta de "alianza" y de búsqueda de "aliados", también entre otras regiones y países afectados por las intenciones de la Comisión Europea, ha sido lanzada por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en una comparecencia a petición propia en el pleno del Parlamento autonómico.
Quintana ha llevado este mensaje al Pazo do Hórreo después de las cuatro comunicaciones realizadas por la Comisión Europea el pasado 21 de febrero, que son una evaluación de la política pesquera común, otra de la organización común de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura, el plan de acción para proteger los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y la estrategia para la transición energética del sector pesquero de la Unión Europea. Un "cúmulo de despropósitos" para la Xunta.
En el debate, por un lado, la diputada del PSdeG Patricia Otero ha subrayado desde su primera intervención que su grupo va a estar "al lado" de la Xunta en este frente común, mientras que la portavoz del BNG, Rosana Pérez, ha esperado a su segundo turno para precisar que los nacionalistas no van a apoyar "a ciegas" a la consellería, si bien su postura "es clara" y de respaldo "con todo" al sector pesquero gallego.
Pérez ha confrontado esta actitud del Bloque con la de los populares y la de los socialistas, en referencia a la eólica marina. Mientras se ponen "trabas a seguir pescando" se abren "las puertas de par en par a las grandes eléctricas", ha recriminado.
A este respecto, la conselleira ha respondido que para el Gobierno gallego existe una "línea roja" para el desarrollo de la eólica marina: "que no afecte a la actividad de la flota pesquera", y ha reivindicado "coherencia".
"Incongruencia" ha sido la que ha atribuido la parlamentaria del Partido Popular Teresa Egerique al PSOE, por las posturas del ministro de Pesca, Luis Planas --que este mismo lunes defendió al sector del arrastre, uno de los más afectados por los planes de Europa-- y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que ha llamado "incendiaria".
Otero, por su parte, ha coincidido en señalar también la "línea roja" de "que se respeten los caladeros" por la eólica marina y ha abogado por "analizar proyecto a proyecto".
En su exposición, ha añadido que "vaya por delante" que los socialistas "tampoco" comparten las propuestas normativas del comisario y que "el ministro Planas lo dejó claro" este lunes, también con una "búsqueda de aliados" que "se trabajó" en el seno del Consejo de Ministros de Pesca.
En su primera intervención, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha asegurado que la Xunta "va a actuar" y hará "una intensa labor propia" y también de "apoyo" al Gobierno central en la búsqueda de aliados para hacer "un fuerte frente común" frente a las pretensiones de la Comisión Europea para la actividad pesquera de fondo, en relación al plan de acción que propone nuevas restricciones en el horizonte de 2030.
"Estamos ante una suerte de nuevo despotismo ilustrado. Todo para los pescadores, pero sin los pescadores", ha criticado Quintana durante un discurso en el que ha censurado el "fundamentalismo" de Bruselas y ha apuntado la "paradoja" de su "deriva medioambientalista", ya que persigue, entre otras cuestiones, la seguridad alimentaria, pero "se olvida" de los elementos sociales y económicos de la política pesquera común.
Un día después del Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, la titular de Mar del Ejecutivo gallego ha advertido al responsable comunitario desde la Cámara: "Comisario Sinkevicius, del mar se vive", ha subrayado.
La propuesta normativa de Europa la ha tildado de "incoherente, incompleta, ineficaz, injusta, inconexa" y "hecha sin autocrítica" y ha remarcado la voluntad de "tratar de frenar la puesta en marcha" de estas estrategias de cara al año 2030, toda vez que algunas de las medidas se plantean para 2024 y supondrían un "perjuicio" para los pescadores.
Así, ha anunciado que la Xunta "involucrará a los diputados que defiendan al sector" y recogerá la postura de defensa del sector en un manifiesto, como ya hizo frente al veto del arrastre en 87 zonas.
Precisamente a preguntas de las dos diputadas de la oposición, la responsable de Mar se ha referido en su segundo turno de palabra a este veto y a la actuación de la Xunta frente a él.
Una vez la consellería fue avisada de que si presentaba recurso sería "contraproducente", porque quien estaba "legitimado" para hacerlo era el estado, se comprometió, según ha recordado Quintana, a apoyar "como coadyuvante" a la organización u organizaciones de productores que sí lo interpusiesen como afectadas por la prohibición de faenar en esas 87 zonas.
Así las cosas, la Xunta aprobó la contratación de un gabinete de abogados y el plazo terminaba este 20 de marzo, pero "tienen una prórroga de 10 días y pidieron poder usarlo para ultimar un documento que tienda a garantizar la ganancia de ese recurso", según ha precisado la dirigente autonómica.
Por último, ya en el cierre de su comparecencia, la conselleira do Mar ha reiterado que el caso de la sardina es "un buen ejemplo" que explicar a la Comisión Europea, puesto que en su día propuso un veto pero tras la aplicación de un plan de gestión el estado del recurso es mayor.
Precisamente este lunes 20 de marzo se abrió esta pesquería y la titular de la consellería señaló que esperaban un "buen año" por la cantidad de sardina disponible.
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