En torno a 3.000 personas, según colectivos convocantes, han participado este sábado en la manifestación convocada por la Cofradía de pescadores de Noia, Portosín y Mexilloeiros Olvimar, en contra de la autorización por parte de la Xunta del vertido de un total de 889.885 metros cúbicos de aguas residuales procedentes de la antigua mina de San Finx en la ría de Muros y Noia, "el mayor banco marisquero del mundo".
Además de representantes del sector pesquero y organizaciones ecologistas como Greenpeace, entre los centenares de asistentes se encontraban, entre otros, dirigentes de formaciones políticas como la líder del BNG, Ana Pontón; el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y representantes de Anova, con Martiño Noriega al frente.
Las Cofradías de Pescadores de Noia y de Portosín se han concentrado este sábado para intentar que se revoque la autorización, por parte del Ejecutivo de Rueda, del vertido de un total de casi 900.000 metros cúbicos de agua procedente de la antigua mina de volframio y estaño de San Finx, en Lousame, a la red fluvial de la ría de Muros e Noia.
En declaraciones a Europa Presss, el presidente de la Agrupación do Marisqueo a Pé de la cofradía Noia, Francisco Pérez, asegura que la manifestación ha sido "todo un éxito", no sólo por el número de gente "que se ha acercado", sino por la participación de "gente de otros sectores, como la hostelería y el comercio, de la comarca".
Asimismo, ha asegurado que "no se rendirán" en esta reivindicación al Gobierno autonómico y que, aparte de este tipo de acciones populares, las cofradías ya han tomado medidas por la vía administrativa y penal contra la decisión del Ejecutivo autonómico.
Ante esto, Pérez destaca que Aguas de Galicia no atiende a las reclamaciones del sector pesquero de la ría, y "sigue ateniéndose al proceso administrativo" en base a unos requisitos que, según él, "no cumplen las medidas de seguridad necesarias".
La manifestación ha contado con la intervenciones del patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, y de Liliana, una bióloga marina que ha advertido que la prueba piloto para el tratamiento de las aguas procedentes de la explotación ha sido un "absoluto fracaso", ya que se han evidenciado unos "altos valores" en diferentes metales pesados, "como cadmio, cobre y mercurio".
En este sentido, ha aseverado que la presencia de estos metales en el agua de la ría de Muros e Noia, de la que se extrae el 70% de los bivalvos gallegos, no provocará la desaparición de estas "especies icónicas", sino que provocará que estas "no sean aptas para el consumo humano" ya que, para alimentarse, filtran todo el agua que tienen alrededor.
Por su parte, la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha pedido a Alfonso Rueda que rectifique la autorización de un vertido al que ha definido como "una bomba ambiental de consecuencias desastrosas para toda una comarca".
Pontón ha afirmado que el PP, "una vez más", se ha puesto en contra de los 5.000 puestos de trabajo directos en el marisqueo y en la pesca de bajura vinculados a las cofradías de la zona, para apoyar los intereses particulares de una multinacional australiana que opera desde paraísos fiscales, y que, según ella, solo quiere aprovecharse de nuestra riqueza.
La portavoz nacionalista ha alegado que "frente a un PP empeñado en ponerse del lado de quien quiere aprovecharse de Galicia", su partido "siempre los intereses de Galicia y de su gente".
A su vez, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reclamado a la Xunta que "pare esta locura", en alusión al vertido de estas aguas residuales en un lugar que ha denominado como el "mayor banco marisquero del mundo".
Asimismo, el socialista ha recalcado que su presencia en la manifestación es para "apoyar a toda Galicia" porque, "que le vaya bien a la comarca de Noia, significa el éxito de la extracción marítima en toda la comunidad", un sector que emplea "a más de 35.000 personas de forma directa".
Formoso ha añadido que la apuesta del Gobierno gallego, al que le ha exigido que tenga en cuenta la "contestación social" de este sábado, por una mina "que lleva cerrada tanto tiempo" supone un "riesgo ambiental que no le merece la pena al país".
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