Hace 20 años un petrolero dejó su nocivo cargamento en aguas gallegas y la sentencia por tamaña tragedia medioambiental llegó en el undécimo aniversario. Juan Luis Pía, el juez que leyó el fallo, murió en 2020 y Álvaro García Ortiz, fiscal del mediático caso, está en la cúspide del Ministerio Público.
El 13 de noviembre de 2013, Pía, entonces magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña, dedicó una hora y media a fundamentar la decisión final de considerar que no había responsabilidad penal y, por ende, exculpar de los delitos contra el medio ambiente a los tres acusados, el capitán, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors.
Solamente hubo una condena a 9 meses de prisión para Mangouras por desobediencia grave.
Ese veredicto fue enmendado en casación por el Tribunal Supremo, que sí castigó a Mangouras con dos años de cárcel por un delito imprudente contra el medio ambiente.
En 2017, el juez Pía, perteneciente en ese momento a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, valoró en una entrevista con EFE la revisión del TS ("nos corrigió y muy bien") y contó que la Audiencia se había centrado "básicamente en establecer qué consideraba probado" de lo ocurrido.
Algo que el TS, según sus propias palabras, aceptó pero evaluó "de forma distinta" al determinar que sí había responsabilidad penal; "la única diferencia".
Una ingente base documental, 400 horas repartidas en 89 sesiones y 204 declaraciones de testigos y peritos hicieron que Pía "casi, casi" se obsesionase con esta causa, la más larga a la que se enfrentó, por lo que sintió "alivio", confesado por él mismo, cuando todo acabó y se mostró convencido de que pocos juicios podría haber más largos en la jurisdicción española.
Pía, que ingresó en la carrera judicial a la temprana edad de 23 años, era un incansable conversador, un magistrado de toga amable y un gran amante del cine, la lectura y Ortigueira (A Coruña), villa que en 2010 le encargó ser el pregonero de sus fiestas y de la que era uno de sus mejores embajadores.
Y si Pía se consagró al Prestige, no lo hizo menos el por aquella época fiscal delegado de Medio Ambiente Álvaro García Ortiz, en la actualidad fiscal general del Estado.
En su informe pericial este representante público había cifrado en 4.442 millones el impacto económico de la marea negra.
Lo suyo es vocacional y su nombre empezó precisamente a sonar con fuerza a raíz de la causa del petrolero, la cual le obligó a navegar entre informes y peritajes para desentrañar la maraña de todo lo que rodeaba a aquel mercante.
El pasado septiembre, este salmantino volvió a acaparar todos los flashes.
El 5 de ese mes, a dos días de la apertura del año judicial, relevó oficialmente a Dolores Delgado, que dimitió en julio alegando motivos de salud. Fue en un acto formal en el TS y amadrinado por su compañera.
Álvaro García Ortiz ocupa ahora a diario el despacho principal del palacio de la madrileña calle Fortuny.
En la carrera fiscal desde 1999, alcanzó la dirección de la Fiscalía tras trabajar los últimos dos años y medio como fiscal jefe de la Secretaría Técnica y desarrollar el grueso de su carrera en Galicia, donde fue coordinador especial de incendios, además de defender los intereses públicos en el caso Prestige.
Una batalla legal que, como en Pía, también dejó marca en él.
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