Moreno Bonilla, emulando a Torra, a la fuerza ahorcan, y amparado en ‘su’ comité de expertos, impone desde hoy el uso obligatorio de mascarilla. Sálvese quien pueda. La distancia, sea social o natural, ya no te libera de la discutible exigencia de llevarla puesta al aire libre aunque nadie se te acerque a menos de metro y medio. Un avezado experto en Salud Pública, el biólogo Alberto Puig, paisano de Andújar, sin ir más lejos, no sale de su asombro. Sostiene que el 5,2 por ciento de inmunización, según la tercera oleada del estudio de seroprevalencia, evidencia que el virus es poco transmisible en exteriores. En cambio, se propaga rápida y dañinamente en entornos cerrados, de gran carga vírica e íntima convivencia, en condiciones microclimáticas casi de invernadero: temperatura continua, climatizada, y sin ventilación. Por lo tanto, con índices de contagio inferiores al 20 por ciento, nunca será de recibo, sentencia Puig, ponerse mascarilla y evitar a la gente en la calle.
Sea como fuere, reactivar el turismo en Andalucía, empezando por la Jaén de parques naturales, renacimiento y castillos, se torna harto complejo ante condicionantes de semejante especie, que bien parecen, a estas alturas de la batalla, pasos atrás en toda regla. La provincia, que resiste a la nueva realidad del desconfinamiento sin más casos graves y muertes, tiene que enfrentarse en esta primera mitad de julio de desatada ola de calor no sólo al riesgo cierto de incendios forestales, como el que originó un rayo la pasada semana en Quesada, sino al torpe y alarmista uso que llevan a cabo los medios de comunicación nacionales y regionales del trazo grueso geográfico (como si la concreción del paraje pasto de las llamas en el municipio donde nace el Guadalquivir, de Belerda hacia Huesa, fuera lo de menos), porque haciendo acopio de falta de precisión, sensibilidad y rigor, por generalidad territorial y síntesis en el titular, localizaron el fuego -y la consiguiente pedrada desinformativa- en la ‘Sierra Cazorla’. En los albores del proceso de superación de la asfixia económica ocasionada por la Covid-19, esta suma de fatalidades pone más palos en las ruedas. En el sector turístico provincial, por desgracia, no están todavía todos los que son, y sólo faltaba tamaña concatenación de adversidades, en forma de mascarillas forzosas, valores térmicos disparados, incendios inevitables y titulares necios, para que, más pronto que tarde, sin remedio, se aminore/amilane el entusiasmo inicial con que el empresariado más valiente, predominante en las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, afrontó la reapertura de alojamientos del destino ‘Jaén, paraíso interior’.
Entretanto, absortos en su microcosmos consistorial, los padres de la patria jaenita, gobierno de la ciudad de Jaén, dejaban plenariamente resuelta la encomienda de los autobuses urbanos a la histórica concesionaria ‘Herederos de José Castillo Castillo, S. L’. Tanto en Onda Jaén como en Castillo, los nuevos responsables de la gestión política del Ayuntamiento han actuado, y no tomo partido, de un modo predecible y legítimo. Me explico. Las sonrojantes expresiones de afinidad partidaria al PP de Fernández de Moya que destacados miembros de Castillo y Onda Jaén mostraron en noches electorales de vino y rosas, que no eran más que la prueba efusiva de su inequívoca alineación correligionaria en el día a día, predeterminarían un áspero desenlace, necesariamente sustentado en la legalidad vigente, en el supuesto de que el PSOE recuperase algún día el poder. En ambos casos, la ponderación de costes y calidades, en términos de insostenibilidad financiera –Onda Jaén- o de nulidad de contrato – Castillo-, invitó a la adopción de la decisión política a la menor oportunidad. El incendio en las instalaciones de la radiotelevisión municipal de Vaciacostales, por un lado, y la inexistente sujeción a procedimiento de contratación y libre concurrencia competitiva en el servicio de autobuses urbanos, de otro, facilitaron el resquicio y pusieron en marcha sendas cuentas atrás.
No obstante, justificando la abstención de su grupo, hace bien el popular Javier Carazo, como abogado en ejercicio y compañero de corporación, en recomendar al alcalde Julio Millán “pies de plomo” en el affaire Castillo. Leo con estupefacción y perplejidad la transcripción de la declaración de Carazo durante el pleno extraordinario del jueves: "el mayor responsable de la situación del contrato municipal con la empresa de autobuses Castillo es el PSOE, que renovó el contrato en 1971 y 1988. (…) Han sido 42 años de gobiernos socialistas en la ciudad donde estaba en vigor el contrato con autobuses Castillo y únicamente 12 años en gobiernos populares". ¿Quién será el infame documentalista-antimemorialista, me pregunto, de los discursos del bueno de don Javier?
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