El miércoles se publicaba la nueva normativa andaluza que va a regular los derechos y la atención de las personas con discapacidad y sus familiares. Era preciso superar el marco legislativo de 1999, adaptándolo a la Convención Internacional y a las legislaciones que han girado en torno a la igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y el empoderamiento personal y social. Lo primero era transformar el modelo de políticas que se centraban en la protección asistencial (biosanitario y rehabilitador) para convertirlo en un sistema de garantías, centrado en la capacitación, participación, interacción con el entorno y el respeto de la diversidad. Otro aspecto de su objeto es plantear la discapacidad como un estado circunstancial de quienes presentan “deficiencias previsiblemente permanentes”. La vivencia de esta situación, no debe seguir conllevando a la discriminación (directa, indirecta o por asociación), a las desigualdades y al acoso. Por ello, se recogen medidas de acción positiva en diferentes ámbitos (servicios sociales, educación, salud, formación, empleo, vivienda, seguridad laboral, cultura, deporte, transporte, medios de comunicación social, entre otros…), las actuaciones transversales e intersectoriales, la protección jurídica o las ayudas públicas. La sociedad, y por ende las personas que la conformamos, tenemos la posibilidad de eliminar el conjunto de barreras que obstaculizan la inclusión social y que nos sitúan de partida en posiciones desventajosas. La atención basada en la mejora de la calidad de vida y el bienestar también prevé la búsqueda de soluciones encaminadas a la normalización, prevención y autonomía. Hay sectores poblacionales en los que hace especial hincapié, reforzando la transcendencia de la atención infantil temprana, la perspectiva de género (mujeres y niñas con discapacidad; con diversidad afectiva-sexual, identidad sexual y/o género; víctimas de violencia machista o sexual…), el apoyo a quienes tienen una pluridiscapacidad, se encuentran en una situación de dependencia, tienen impuesta una pena privativa de libertad, o cuya residencia se encuentra en una zona rural. Igualmente, establece la necesidad de visibilizar y empoderar al colectivo, incrementando su liderazgo y presencia en todas las áreas. Esta ley muestra la coordinación entre los sistemas de protección y profesionales como vehículo para que la atención integral sea real y efectiva. Despliega no sólo los derechos, sino también los esfuerzos que deben darse para mejorar la calidad de los servicios, equipamientos específicos, recursos y prestaciones. Otras líneas de intervención se enfocan en la contratación pública, la promoción de la accesibilidad y el fomento de la formación, sensibilización y toma de conciencia social. Uno de los científicos contemporáneos más influyentes, el físico británico Stephen Hawking, ha expresado: “Obviamente, debido a mi discapacidad, necesito ayuda. Pero siempre he tratado de superar las limitaciones de mi condición y llevar una vida lo más completa posible. He viajado por todo el mundo, desde la Antártida a la gravedad cero”. Un mensaje lleno de inspiración…
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