El alcalde del municipio malagueño de Estepona, José María García Urbano, ha colocado este miércoles la primera piedra de las 100 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que se empezaron a construir a principios de este mes en una parcela municipal ubicada en la zona de Juan Benítez, junto al instituto Mar de Alborán.
Con esta iniciativa se da cumplimiento a uno de los compromisos electorales y se contribuye, asimismo, "a promover el acceso a la vivienda a personas y colectivos con mayores dificultades para ello", ha explicado el regidor.
Los terrenos, que forman parte del patrimonio municipal del suelo del Consistorio y fueron cedidos a la Fundación Vimpyca Entidad Benéfica de Construcción (EBC) para la edificación, tienen una superficie de 5.000 metros cuadrados y una edificabilidad de 10.000 metros cuadrados, ha informado el propio Ayuntamiento.
Estas viviendas serán de régimen mixto, con 52 apartamentos para Régimen Especial y 48 para Régimen General. Así podrán acceder a estas viviendas todas las unidades familiares cuyos ingresos no superen 2,5 veces el Iprem (537,84 euros al mes), en el primer caso, y 3,5 veces el Iprem para el segundo.
Los interesados, que deberán estar inscritos en el registro municipal de demandantes de vivienda, no pueden tener ninguna otra en propiedad, ha explicado.
En este sentido, las viviendas se proyectan con uno, dos y tres dormitorios, además de una plaza de aparcamiento y un trastero; existiendo asimismo viviendas adaptadas y destinadas a personas con movilidad reducida. La urbanización del conjunto residencial, que llevará el nombre de Garum Estepona, dispondrá de piscina y zonas comunitarias interiores con zona infantil.
Las viviendas, que ya están a la venta por un precio que parte desde los 81.600 euros, se prevé que se entreguen en un periodo máximo de 24 meses.
Entre las medidas sociales en materia de vivienda puestas en marcha por el Ayuntamiento de Estepona, destacan la creación de un fondo social para adecuar viviendas a vecinos con escasos recursos económicos, la partida para ayudas de emergencia social y un acuerdo con la concesionaria del servicio de agua para evitar cortes del suministro a las personas que no pueden abonar el recibo.
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