Semanas atrás, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, dijo no entender que el campo onubense tenga que recurrir a inmigrantes para recoger la fresa con la tasa de paro que sufre Andalucía. Ahondaba conscientemente o desde el prejuicio y la ignorancia en el tópico manido y trasnochado de la indolencia del pueblo andaluz -que tanto enerva a nuestro ilustre hijo predilecto Emilio Lledó- cuando añadía que no pueden “ponerle una pistola a cada desempleado andaluz para que acepte una oferta”. E incluso pedía un “cambio de normativa estatal” para endurecer las posibilidades de rechazar una oferta laboral en caso de cobrar el paro. Estas polémicas declaraciones se le han vuelto en contra a esta consejera del Gobierno andaluz en solo unos pocos días, justo tras las denuncias de dos voces independientes y autorizadas. Las descarnadas críticas, primero, de la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno, y, al día siguiente, del Relator de la ONU para la pobreza extrema y los Derechos Humanos, Philip Alston, sobre las condiciones infrahumanas en las que malviven los inmigrantes temporeros de la fresa explican en buena medida la negativa de los parados andaluces a irse a trabajar a esta campaña agrícola.
La primera voz de alerta la elevó Vizcaíno cuando, delante de representantes de varias administraciones públicas, describió sin medias tintas cómo viven los temporeros: “En condiciones de verdadera mierda”. “No puede vivir una persona rodeada de basura y estar todos mirando hacia un lado”, denunció la directora de Cáritas, quien criticó también la“desidia” de los poderes públicas ante estos atropellos humanos.
Estas palabras fueron refrendadas de inmediato por el alto representante de Naciones Unidas, quien se confesó “pasmado”por la situación de los recolectores de la fresa en Huelva, que viven, a su juicio, “como animales (…) en peores condiciones que en los campos de refugiados” mientras grandes empresas “ganan millones de euros”.
Pues ya puede imaginar la consejera de Empleo porqué los parados andaluces no aceptan estos trabajos. No porque quieran seguir cobrando el paro, sino porque no están dispuestos a sufrir ni por asomo las atrocidades que padecen los inmigrantes que juegan con la muerte en busca de una vida mejor que no les regalamos precisamente en Andalucía. Haría bien Rocío Blanco en adelante en ser más prudente y precavida en sus análisis, y, de paso, apoyar la petición del Relator de la ONU que ha instado al Gobierno a que envíe inspectores laborales a la zona donde “hay un porcentaje muy alto de personas viviendo al borde de sus posibilidades”.
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