El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha anunciado este miércoles que las inspecciones que realizan los guardia fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre pozos ilegales en el entorno de Doñana van a estar, a partir de ahora, reforzadas por la Guardia Civil.
De Celis ha trasladado “todo el apoyo y solidaridad” del Gobierno al guarda fluvial de la CHG objeto el pasado viernes de un ataque, presuntamente, a manos de unos vecinos de Lucena, con el que ha mantenido contacto directo para interesarse por lo sucedido.
Un apoyo al que se ha sumado también la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a través de su cuenta de Twitter, donde ha expresado su “cariño, solidaridad y apoyo” con el guarda y ha defendido la importancia de “fortalecer la vigilancia ambiental y, entre otras actuaciones, clausurar los pozos ilegales cuanto antes”.
En la misma línea, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha condenado “con toda la energía posible” la agresión y ha afirmado que “seguiremos aplicando la ley, la agricultura ilegal no tiene sitio en el entorno de Doñana”.
Igualmente, el delegado del Gobierno ha dejado claro que “vamos a perseguir de manera inexorable y contundente a todo el que de manera ilegal esté cogiendo agua” en el entorno de Doñana.
“Nosotros hemos puesto todo el empeño, y lo ha hecho CHG, en resolver el problema de los regantes legales, pero todo el ilegal que consuma agua y lo haga dañando drásticamente una zona como la del espacio natural, van a continuar siendo perseguidos”, ha dicho.
En este punto, ha indicado que, a partir de ahora, se va a establecer “un sistema específico de colaboración entre la CHG y la Guardia Civil, de forma que esas inspecciones irán reforzadas por miembros del Instituto Armado”.
Estos agentes “actuarán en la detención inmediata de cualquier acto violento contra cualquier funcionario publico”, ha explicado, remarcando que “el atentado contra cualquiera de ellos tiene penalidades mayores por atentar contra la autoridad”.
Por su parte, las ONG ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han condenado “el acoso y agresión” al guarda y han reclamado a la ministra para la Transición Ecológica “medidas concretas en defensa de estos trabajadores y el cierre inmediato de estos pozos ilegales en el entorno de Doñana”.
Las organizaciones ecologistas han calificado de “deplorable e inaceptable” este nuevo ataque a un funcionario del Ministerio de Transición Ecológica que además provocó su hospitalización durante varios días, ha informado SEO/BirdLife en un comunicado.
También piden al Ministerio de Transición Ecológica que utilice todos los recursos legales para defender al funcionario agredido y para que sean identificados los culpables.
Así no
Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Cristóbal Picón, también ha condenado este miércoles el ataque al guarda fluvial y ha precisado que este tipo de acciones “enturbia y empeora” el trabajo realizado por la plataforma.
Por último, ha lanzado un mensaje de calma a los agricultores, aunque entiende las tensiones que han podido provocar “el retraso de las plantaciones y la tardanza de las transferencia de los 15 hm3”, pero ha incidido en que esta situación “no justifica este tipo de actos”.
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