La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ha acaparado un protagonismo destacado con la llegada de un buque de salvamento con unos 60 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo después de que fuera el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien diera la autorización correspondiente para a su acogida frente al rechazo de Italia y Malta. La ocasión da para figurar y el oportunismo. Resulta muy tentador recurrir a un discurso lleno de apelaciones a la solidaridad aunque la realidad sea otra. Lo cierto es que, por lo visto hasta ahora, ha habido bien poca en relación a este asunto, sobre todo, si se tiene en cuenta lo sucedido con respecto a los inmigrantes menores de edad no acompañados, también denominados, MENAS.
Sólo en lo que va de año en Andalucía se han recibido a 1896, cifra a buen seguro, a día de hoy, ya ampliamente superada.La Junta ha anunciado la creación de 400 plazas más pero no deja de ser una medida absolutamente insuficiente. Tanto, que el Defensor del Pueblo de Andalucía, Jesús Maeztu, se ha dirigido al resto de comunidades para que contribuyan a recibir a estos chicos sumamente vulnerables y abiertamente expuestos a abusos y males de todo tipo. Pero ya desde Valencia ha habido respuesta señalando, también, la saturación de sus centros al igual que en Cataluña. Aquí, los gobernantes soberanistas o, más bien, “supremacistas,” que tanto gustan de presumir de internacionalismo y lo que sea menester, les incomoda este asunto hasta el punto de acusar en su día de manera aviesa, y sin fundamento, a las autoridades andaluzas de despachar a estos menores en autobuses en dirección a Barcelona, sin amparo alguno.
Nadie puede dar lecciones a Andalucía en esta materia. Ni mucho menos tratar de atribuirle comportamientos que distan totalmente de la realidad. En la medida de sus posibilidades, en nuestro territorio, es toda la sociedad andaluza la que ha venido actuando una vez que comenzó a darse el fenómeno de las pateras. Pero es cierto que se requiere de un tratamiento integral, más allá de la aportación que puedan hacer las diferentes comunidades. Es necesario, de una vez por todas, que sea el mismo gobierno de la nación, sin olvidar a Europa, el que articule una política de acogida homogénea, aportándose los recursos y equipamientos necesarios, sistematizando al máximo el trabajo a realizar y, en definitiva, normalizándose toda una respuesta de Estado, lejos de comportamientos voluntaristas o, en el peor de los casos, de postureo barato a costa de las miserias de otros.
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