Estepona

Imponen fianzas de 20.000 euros a cinco de los seis imputados en Estepona

Los imputados podrán eludir el ingreso en prisión si abonan la fianza impuesta en dos días, plazo que expira el próximo viernes

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El Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha impuesto el pago de una fianza de 20.000 euros a cinco de las seis personas imputadas en un presunto caso de cohecho y tráfico de influencias en dicha localidad, mientras que ha decretado la puesta en libertad del sexto imputado, que tendrá la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.

   Los imputados podrán eludir el ingreso en prisión si abonan la fianza impuesta en dos días, plazo que expira el próximo viernes. De lo contrario, deberán ingresar en prisión preventiva, según han informado fuentes judiciales.

   Se trata del propietario de la vivienda "construida en suelo no urbanizable y sobre la que pesa una orden de demolición", su hijo, el constructor del inmueble, un intermediario y un empleado del Área de Delineación del Ayuntamiento de Estepona, han apuntado, mientras que la sexta persona que ha quedado en libertad aunque sigue imputado es un arquitecto, hijo del trabajador municipal.

   La instrucción judicial trata de determinar las razones por las que ha permanecido paralizado el expediente de demolición de la vivienda, según han señalado las fuentes. Finalmente son seis y no siete los imputados por el momento en este procedimiento.

   La investigación, bautizada policialmente como Operación 'Morgan', se inició a principios del verano de 2014 a raíz de unas conversaciones telefónicas ordenadas por un juzgado de Marbella (Málaga) en el marco de otra instrucción judicial ajena a este proceso.

   Al detectar inicialmente indicios de un presunto caso de cohecho, el juez de Marbella dictó un auto decretando la deducción de testimonio y remitiendo las actuaciones a los juzgados de Estepona.

   Desde el Ayuntamiento de Estepona aseguraron este pasado miércoles que llevan dos meses colaborando con la Policía Nacional en esta investigación y apuntaron en cuanto al empleado municipal que "una vez que se diriman posibles responsabilidades, se actuará con diligencia para garantizar la defensa del interés general".

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