El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que es "imprescindible" reforzar y proporcionar "más y mejores" herramientas a los juzgados que se ocupan de casos voluminosos y complejos, como el relacionado con los EREs irregulares tramitados por la Junta de Andalucía o la investigación sobre posible corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga), el caso 'Astapa'.
En la Memoria anual del Alto Tribunal Andaluz correspondiente a 2014, presentada esta semana por su presidente, Lorenzo del Río, se apuesta por conseguir "celeridad" para mejorar la eficiencia del trabajo de los jueces andaluces y disponer de recursos en distintas partidas para solucionar los problemas organizativos y tecnológicos existentes.
El TSJA señala que hay múltiples factores que inciden en lograr "el plazo razonable", que afecta a procedimientos que exigen una dedicación extraordinaria junto a una ingente labor de gestión documental, donde se reproducen carencias y disfunciones, como son una "insuficiente dotación de medios personales", "problemas de gestión documental, de digitalización, de escaneo, de traslado a las partes por inexistencia de clonadoras", "demora llamativa en la práctica de comisiones rogatorias", y "retrasos elocuentes en la materialización y entrega de informes a cargo de profesionales policiales, de la Agencia Tributaria, del Catastro, o, en fin, de peritos particulares".
"La justicia tiene que ser rápida para ser justa (...) y el objetivo pretendido --y razonable-- de agilizar los procesos penales sólo podrá conseguirse si mejoran los medios humanos y materiales que necesitan los jueces instructores", se advierte en la memoria.
Como "botón de muestra" la Memoria recuerda el denominado 'caso Astapa' que afecta a más de 100 personas investigadas y supera los siete años de instrucción, "sin que se atisbe a corto plazo ni la fase intermedia ni la consiguiente apertura de juicio oral".
Según el TSJA, se han efectuado pruebas periciales de la Agencia Tributaria sobre diversos convenios urbanísticos pero quedan todavía pendientes de entregar al Juzgado encargado del asunto --el mixto 1 de Estepona-- treinta informes sobre irregularidades en expedientes de disciplina urbanística; asimismo, están pendientes de la entrega por peritos de Hacienda siete informes de contenido patrimonial, así como dos informes policiales que se demoran desde hace muchos años.
DOCUMENTACIÓN "GUARDADA EN MÚLTIPLES CAJAS"
La "ingente" documentación "sigue guardada en múltiples cajas", lo que exige dotar al juzgado de una fotocopiadora especial que permita escanear, con el fin de facilitar el manejo del procedimiento, su estudio y análisis judicial, así como ulteriores fases de traslado a las partes.
Algo similar, según se incide en la memoria, ha sucedido con el caso EREs, "también supeditado a múltiples diligencias y periciales externas, al margen de su volumen y complejidad". Asimismo, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, y Sevilla "tramitan desde hace tiempo alguna causa compleja y de trascendencia social".
Por ello, en coordinación con la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción del CGPJ, el TSJA muestra su disposición a que durante 2015 se refuercen y adopten medidas de apoyo judicial más ambiciosas en Juzgados concretos de su ámbito territorial, "con el ánimo de acelerar al máximo la instrucción de procedimientos ya antiguos y posibilitar, en su caso y cuanto antes, la apertura de juicio oral".
Por otro lado, en la memoria el TSJA reitera su petición a las administraciones para que "coadyuven intensamente en igual propósito con refuerzo de los profesionales indispensables".
En este contexto, considera que puede ser útil la proyectada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto su disposición adicional vigésima primera sobre "apoyo judicial en la instrucción de causas complejas", que posibilita la adscripción de Jueces o Magistrados (en su caso, también de letrados de la administración de justicia, nueva denominación de los secretarios judiciales) que, sin funciones jurisdiccionales y bajo la dirección del titular, realizan exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento.
Finalmente, se hace una llamada al esfuerzo "por mantener intacta la voluntad de servicio", por que los jueces se afanen diariamente "en administrar una justicia de calidad, incluso con medios inadecuados e insuficientes, en consonancia con los principios que recogió la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia".
"Sólo así recobraremos legitimación como poder judicial, se acrecentará la mayor confianza de los ciudadanos, ganaremos en autoridad y seremos auténticos protagonistas y servidores del Estado de Derecho. La justicia puede mejorar su funcionamiento y organización, reducir tasas artificiales de litigiosidad y conseguir una mejor gestión de la oficina judicial; en fin, ser una justicia atenta, moderna y abierta", concluye.
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