El BOP de Málaga recogía el pasado miércoles, 21 de agosto, un nombramiento que se remonta hasta el mes de mayo, cuando Andrés Flores fue nombrado para el puesto de Jefe de los Servicios Jurídicos de Urbanismo.
Se trata de un funcionario del Ayuntamiento de Estepona que ya en la época de Antonio Barrientos (PSOE) como alcalde desempeñaba esas mismas funciones. Tras destaparse el caso Astapa y después de la entrada como primer edil del también socialista David Valadez fue cesado de tal responsabilidad lo que hizo que Flores acudiera a los tribunales. Perdió en primer a instancia y está pendiente de recurso.
Lo que llama la atención de este nombramiento ahora por parte de García Urbano es que Flores está imputado en el caso Astapa.
Legal, pero ¿moral?
En el mes de marzo de este año el Ayuntamiento sacaba las bases para poder optar al puesto, para el que los Presupuestos Generales reservaba una partida de 68.410,30 euros anuales. Entre los requisitos, ser funcionario del Ayuntamiento, licenciado en Derecho y “formación en derecho urbanístico y experiencia en el asesoramiento en dicha materia”, por lo que para muchos era un puesto creado “a dedo”.
En su día Espacio Verde denunció públicamente que “el alcalde pretende designar, a dedo, a un imputado en Astapa como jefe y hombre de confianza de sus servicios jurídicos urbanísticos”. El representante de EVA, Gerardo Galán, tras conocerse el nombramiento, ha considerado que “su decisión entra en contradicción con el afán de legalidad y pureza del que hace alarde García Urbano”.
En la misma línea se pronuncian desde PSOE: “Es evidente es que este nombramiento viene a demostrar la verdadera cara de García Urbano. En un tiempo récord ha pasado de argumentar que la situación económica del Ayuntamiento exigía un ERE a pagar sueldos elevadísimos, superiores a las del propio presidente de la Junta de Andalucía o un ministro, a personas con las que aseguró que jamás se sentaría. No sólo no cumple sus propios compromisos sino que, a la vista está, hace una vez más todo lo contrario de lo que dijo”.
Los sindicatos señalan que no pudieron participar al tratarse de un procedimiento interno y aunque reconocen que es legal, desde CSIF califican la decisión de “error” y tanto éstos como CCOO lamentan que haya sido “a medida”.
Las impresiones
José María López Chacón, Representante CSIF
“Me parece un error el nombramiento. No me siento tranquilo si se da responsabilidad a un imputado”
José Carrasco, Representante ccoo
“Es una decisión del alcalde. Las formas se han guardado aunque hay que ver si las bases daban oportunidad a otros”
David Valadez, Portavoz PSOE
“Demuestra la verdadera cara de García Urbano que ha pasado de hacer un ERE a pagarle más que a un ministro”
Gerardo Galán, Portavoz Espacio Verde
“El interés del alcalde era colocar a esta persona. A los presuntos corruptos hay que alejarlos por precaución”
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