Erika y Michael, la joven pareja que este lunes fue desalojada, tras la orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, de la vivienda que ocuparon por necesidad en la barriada Solís no está sola. Desde que fueron obligados por la Policía a abandonar el inmueble, han sido acogidos por la madre de Erika, en una vivienda de 45 metros cuadrados en la misma zona, en la que se tienen que apañar un total de siete personas. Solo tienen una ayuda familiar de 400 euros. Pero cada vez son más las voces que se alzan para que el Consistorio les tienda la mano. Ahora Izquierda Unida exige al regidor popular, José María García Urbano, que les adjudique en régimen de alquiler alguna de las viviendas desocupadas de propiedad municipal existentes en calle Carmen Laforet, Santo Tomás de Aquino, La Lobilla o Cancelada.
La formación que coordina el histórico Antonio Murcia recuerda al equipo de Gobierno popular que los ayuntamientos tienen asignada la competencia en materia de vivienda de acuerdo con la Ley de Autonomía Local de Andalucía, y también la de Asistencia Social por aplicación de la Ley de Régimen Local. "No sólo tiene la obligación moral de atender a las familias esteponeras sin techo y sin recursos, sino que tiene la obligación legal, sobre todo, antes de destinar recursos a comilonas en Fitur, o colocación de macetas, a diestra y siniestra de la ciudad, como viene haciendo desde su toma de posesión", denuncian.
Murcia califica la decisión de la Juez del Juzgado nº 5 de Estepona, ordenando el desahucio exprés de la madre con dos hijos menores como "extralimitación judicial e interpretación abusiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Consideran que la juez no ha tenido en cuenta que el inmueble que ocuparon llevaba dos años vacío, y al ser de carácter social se había incurrido en una ilegalidad. "Los jueces no pueden ni deben ser insensibles a la realidad social de los más débiles, y por encima de las leyes deben proteger los derechos de las más vulnerables, especialmente menores", asegura IU.
Inspección de viviendas sociales
Pero la intervención de Izquierda Unida irá más allá. Anuncian que solicitarán a la Consejería de Fomento y Vivienda una inspección "total y exhaustiva" a todas las viviendas de protección oficial propiedad de la Junta de Andalucía en Estepona, a fin que localizar todas las que estén desocupadas más de tres meses sin causa justificada, para ponerlas a disposición de las familias esteponeras sin recursos que hayan sido objeto de desahucio, o lo vayan a ser, o necesiten vivienda, fijándoles un alquiler social por importe no superior al 25% de sus ingresos familiares.
Asimismo, la formación va a proponer a García Urbano que cambie la calificación de las viviendas protegidas municipales desocupadas de “En Venta” a “Alquiler de Renta Básica”, tanto las situadas en calle Carmen Laforet, como las de La Lobilla y Cancelada, poniéndolas también a disposición de las familias esteponeras necesitadas de techo.
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