La Audiencia de Málaga ha condenado a siete años de prisión a un hombre por intentar acabar con la vida de una mujer a la que había contratado para servicios sexuales, golpeándola con grandes piedras en la cabeza, tras lo que se llevó sus pertenencias. Además se le impone el pago una indemnización de 31.440 euros por las lesiones y las secuelas.
Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, un día de marzo de 2017, el acusado acudió a una zona de Estepona y, "tras contratar los servicios sexuales" de la víctima, "con ánimo de atentar contra la vida de la misma, cogió varias piedras de grandes dimensiones y comenzó a golpearla brutalmente en la cabeza en multitud de ocasiones".
Acto seguido, una vez inconsciente la víctima, el acusado, "con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito, sustrajo el dinero en efectivo, el bolso y el teléfono móvil" de ella; objetos que han sido tasados pericialmente en 100 euros.
Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió unas lesiones consistentes en politraumatismo con traumatismo craneocerebral con heridas contusas, fractura del hueso temporal derecho y múltiples contusiones cerebrales, además de fractura de los huesos nasales.
Esto originó "un riesgo vital elevado" para la víctima y la necesidad de una asistencia especializada "urgente", en concreto, un tratamiento quirúrgico y también rehabilitador y farmacológico. Todo esto le ha supuesto a la mujer "una pérdida temporal de la calidad de vida muy grave" y secuelas como trastorno de estrés postraumático y un perjuicio estético.
La Sala considera que todos los elementos del delito de homicidio concurren en este caso, aunque en grado de tentativa. También estima que se dan los requisitos del delito de robo con violencia, de forma que le condena por ambos delitos y se le impone cinco años de prisión por el primero y dos años de cárcel por el segundo.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil insta a que el procesado indemnice a la víctima con 13.940 euros por las lesiones sufridas, y en la cantidad de 17.500 euros por las secuelas; así como en la cantidad de 100 euros por los efectos sustraídos y no recuperados.
La sentencia se dicta con la conformidad entre la acusación pública, la defensa del procesado y este mismo, que en el momento de tomar la palabra final manifestó que se arrepentía de lo sucedido.
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