De forma simultánea, las tropas detuvieron al poderoso patriarca del clan familiar, Datu Andal Ampatuan, a uno de sus hijos y actual gobernador de la Región Autónoma Musulmana de Mindanao, Zaldi Ampatuan, así como a dos de sus hermanos y a cinco guardaespaldas implicados en la matanza cometida el pasado 23 de noviembre en su feudo de Maguindanao.
Asimismo Macapagal Arroyo, por primera vez desde que Filipinas recuperó la democracia en 1986 tras la dictadura de Ferdinand Marcos, suspendió las libertades civiles, indicó en conferencia de prensa el secretario de la Presidencia, Eduardo Ermita.
La declaración de la ley marcial cede al Ejército el control pleno de esta provincia en la que regía el estado de excepción decretado también por la presidenta a raíz de la matanza, y que entre otras facultades, autoriza a las tropas a efectuar detenciones e inspecciones sin necesidad de un mandamiento judicial.
“Estamos en la capital de la provincia para anunciar la proclamación de la ley marcial. El Ejército asume el control de la capital y de todos sus municipios”, dijo el jefe de la comandancia militar regional, teniente general Raimundo Ferrer.
La Constitución permite a la jefa del Estado mantener en vigor la ley marcial durante 60 días, si el Congreso no decide anularla antes de que expire el plazo, o bien, prolongarla.
La cesión del control de esta provincia al Ejército, fue adoptada después de que el Gobierno recibiera información de que el clan de los Ampatuan preparaba a su milicia para una rebelión en venganza por la detención de varios de sus destacados miembros.
El teniente general Ferrer, quien por ser el jefe militar de mayor rango asumió temporalmente el mando de la administración provincial, apuntó que el objetivo es detener a los responsables y autores de la matanza e inspeccionar casas y otros sitios en los hayan ocultado armas.
“Estamos buscando a un centenar de hombres implicados en ese crimen y a quienes ya hemos detenido son los jefes que forman parte de la conspiración”, destacó el alto mando militar.
La ministra de Justicia, Agnes Davadanera, señaló que los nueve detenidos serán acusados de planear una rebelión contra el Estado, previamente blanco de similares conspiraciones llevadas a cabo por los diversos grupos de oficiales del Ejército que han intentado deponer a Macapagal Arroyo durante sus más de ocho años de gobierno.
Por su parte, la coalición de organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, que critica a la presidenta por su falta de respuesta a las cerca de un millar de ejecuciones cometidas desde que asumió el poder, solicitarán al Tribunal Supremo que ordene levantar la ley marcial.
Ya detenido, el patriarca del clan y hasta hace poco gobernador de Maguindanao, puesto que asumió por vez primera en 2001 con la llegada de Macapagal Arroyo al poder, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a un hospital de la ciudad de Davao aquejado de hipertensión.
El portavoz de la comandancia militar de la región, Randolph Cabangbang, indicó que decenas de efectivos mantenían rodeado el centro hospitalario para impedir un intento de fuga del detenido o una acción de rescate por parte de sus cerca de 400 milicianos.
El jefe de Policía a cargo de las investigaciones, Felicisimo Khu, señaló que también fueron detenidos varios destacados funcionarios provinciales ligados a los intereses de los Amputuan y veinte milicianos durante una redada en uno de los palacetes del clan, este en la localidad de Mamasapano, al sur de Maguindanao.
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