Policías y guardias civiles han cuestionado la instrucción contra 'okupas' que aprobó ayer el Ministerio del Interior en la línea de lo fijado previamente por la Fiscalía General del Estado al entender que se sigue sin aclarar cómo tiene que actuar los agentes para proceder al desalojo inmediato. También echan en falta fijar plazos temporales para devolver la vivienda al legítimo propietario.
"No aporta nada nuevo y simplemente es un intento de maquillar la inacción del Gobierno de España", señalan desde Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. En el caso de la Guardia Civil, la mayoritaria AUGC ha lamentado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska "no termine de aclarar las dudas con las que se encuentran los agentes en estas actuaciones".
El Ministerio del Interior ha presentado un protocolo defendiendo que unifica los criterios de actuación frente a la 'okupación' tanto de la primera como de la segunda vivienda ordenando a los policías que elaboren atestados más precisos que permitan el desalojo inmediato y la detención sin necesidad de solicitar medidas judiciales en caso de delito flagrante. En adelante, dejarán constancia por escrito de puertas y ventanas forzadas, coacciones al propietario y vecinos o consumo irregular de luz y agua.
"La novedad principal en este protocolo es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los 'okupas' de la vivienda por parte de los agentes y una batería de indicaciones para mejorar los atestados y poder acelerar la devolución de las viviendas a sus propietarios", han señalado desde AUGC.
Esta asociación profesional sostiene que el protocolo que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en la línea de la instrucción de la Fiscalía General del Estado para agilizar los desalojos, no establece "ningún plazo legal para devolver la vivienda al legítimo propietario".
"Esta ausencia de plazo legal del que no fija un margen temporal exacto, puede poner en serios problemas legales a los agentes que tienen que enfrentarse a situaciones de desalojo de una vivienda, como puede ser el allanamiento de morada por parte de los agentes", añaden desde AUGC, que reclama de Interior "mayor concreción" y evitar los "vacíos legales".
MAQUILLAJE Y COLABORACIÓN DE 'OKUPAS'
El sindicato JUPOL ve una "venta de humo" y "parapeto" la Instrucción 6/2020 emitida en la tarde de ayer por la Secretaría de Estado de Seguridad. Según su portavoz, Pablo Pérez, "no aporta absolutamente nada nuevo para la operativa policial y en ningún caso va a mejorarla". "Es un intento de maquillar la inacción del Ministerio del Interior y del Gobierno de España ante el alarmante crecimiento de la ocupación ilegal de viviendas".
"Es una instrucción a nivel global, pero no ofrece una salida o un modo de actuación in situ, sobre qué es lo que va a pasar cuando lleguen los agentes de la Policía Nacional a la casa ocupada", ha añadido Pérez, que afirma que la instrucción "sigue requiriendo la colaboración de los 'okupas' para poder acceder y recuperar el domicilio ocupado".
Por otro lado, JUPOL ha censurado la falta de modificaciones en el ordenamiento jurídico para este tipo de delitos, denunciando que se mantiene como un delito leve las ocupaciones de viviendas, "algo que se ha demostrado no es suficiente para frenar la comisión de este tipo de delitos".
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