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Actualizado: 10:42 CET
Domingo, 29/03/2020

España

El Gobierno insiste en que las pensiones subirán en 2020 un 0,9%

Ve "razonable" posponerlo por estar en funciones y "ante la previsible formación de un nuevo Gobierno"

  • Magdalena Valerio.

El Gobierno ha insistido este sábado en que "no renuncia en absoluto" a subir las pensiones, pero considera "razonable" posponer la aplicación del incremento del 0,9% con efectos retroactivos del 1 de enero hasta que el Ejecutivo se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa.

"Estando en funciones y ante la previsible formación de un nuevo Gobierno, es razonable posponer la aplicación de esta medida hasta que el Gobierno se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa", ha explicado el Ejecutivo este sábado.

El Gobierno ha remarcado que la revalorización de pensiones es una "prioridad" para el Gobierno y una cuestión de "máxima relevancia" para los pensionistas, como derecho reconocido en el artículo 50 de la Constitución.

En este sentido, ha asegurado que cumplirá con el compromiso adquirido y comunicado a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020.

Además, desde el Ejecutivo han recordado que en 2019 "todas las pensiones han ganado poder adquisitivo" dado que la variación media del Índice de Precios al Consumo (IPC) a lo largo del año va a resultar inferior a la revalorización del 1,6% con carácter general y del 3% para las cuantías mínimas establecida por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.

El Gobierno ha explicado que mantiene la suspensión de la aplicación de la revalorización del 0,25%, aprobada de forma unilateral por el PP, porque ha sido una medida "ampliamente" cuestionada en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo. Según el Ejecutivo, no ha sido aplicada en los ejercicios 2018 y 2019 con el fin de evitar una revalorización "que habría supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas".

Por otra parte, una subida mínima del 0,25% obligaría a duplicar los procesos informáticos, así como el envío de comunicaciones a los beneficiarios con el consiguiente incremento de costes y la disminución de la eficiencia del sistema, ha detallado el Gobierno.

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