La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de atribuir un presunto delito de falsedad contable continuada a la excúpula de Bankia, para la que pide ahora hasta ocho años y medio de cárcel, parece haber satisfecho a la mayoría de inversores minoristas personados en la causa por la salida a bolsa.
No así a la Abogacía del Estado que, en representación del FROB, limita los cargos a Rodrigo Rato, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella, para los que pide condenas sensiblemente más bajas que el resto de acusaciones, entre cinco y tres años de cárcel por estafa a inversores.
De su relato final, el Fondo excluye al que fuera consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, por su participación simbólica en los hechos, y es que aunque fue "quien materialmente depositó el folleto ante la CNMV, nunca desempeñó puesto alguno en ninguna de las siete cajas -del grupo- y se incorporó cuando todo el proceso de salida a bolsa estaba ya ultimado", en mayo de 2011.
Lejos de desempeñar un papel testimonial en el juicio, el FROB figura como afectado por las supuestas irregularidades cometidas en el seno de una entidad a la que inyectó hasta 22.424 millones de euros de capital público para su saneamiento y recapitalización.
Por ello, fuentes próximas a algunos inversores afectados lamentan la falta de contundencia de un escrito que creen benévolo con una treintena de exdirectivos de BFA-Bankia y el auditor externo, de los que no realiza valoración alguna, a diferencia de Anticorrupción.
Tras ocho meses de juicio, hasta seis acusaciones, particulares y populares, han modificado sus conclusiones para adherirse al criterio de la fiscal Carmen Launa, más severa con los gestores del banco, pero también con los miembros de los comités de auditoría que, hasta ahora, escapaban de su discurso.
"El nuevo escrito tiene tres bloques: el primero sobre el SIP (fusión fría) y las cuentas de 2010; el segundo, sobre las cuentas iniciales de 2011 y la salida a bolsa; y el tercero, sobre las anuales de 2011", comenzaba Launa su intervención, en la que, amparándose en el trabajo de los peritos judiciales, dictaminó que los máximos responsables de Bankia falsearon los estados contables desde la creación del grupo financiero.
Con dicha lectura, la fiscal ponía su impronta en la causa, la misma de la que se puso al frente el pasado noviembre cuando tomó el relevo del actual jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que descartó de inicio este posible delito al no haber indicios "mas allá del forzado acomodo de las cuentas a la siempre elástica normativa contable".
Estos cambios plantean a la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un nuevo escenario en el que el Ministerio Público aumenta su petición para Rato (ocho años y medio de prisión), Norniella (seis años) y Olivas (cinco años); rebaja para Verdú (hasta nueve meses) e incorpora a otros diez, entre ellos el auditor Francisco Celma y el exministro del Interior Ángel Acebes, para los que solicita entre uno y dos años y medio de cárcel.
Castigos que ven adecuadas otras acusaciones, como la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que pedía doce años de prisión para todos los acusados y que en su último escrito, al que ha tenido acceso Efe, se adhiere a la Fiscalía destacando que "todas las cuentas de BFA-Bankia desde su misma constitución y hasta el rescate de la entidad habían sido manipuladas".
También la CGT secunda a Launa, al igual que pequeños inversores, mientras que la mercantil Bochner España apoya sus argumentos aunque continúa acusando a Bankia, su matriz, BFA, y la firma auditora Deloitte.
Por su parte, los accionistas representados por el 15MpaRato bajan hasta los cuatro años de prisión su petición para Rato, Olivas y Norniella por "esconder la penosa situación en la que se encontraba la entidad", en tanto que reclaman tres años de prisión para 19 consejeros y una multa de 1,4 millones de euros al grupo.
Más dura, en cambio, es la asociación de consumidores Adicae, que solicita 15 años de cárcel para Rato y Norniella, nueve años para Olivas y Celma, entre tres y seis años para los 27 exconsejeros restantes y un millón de euros de multa a las personas jurídicas.
El próximo martes, la sala que preside la juez Ángela Murillo retomará la vista, esta vez con las conclusiones de las defensas, a las que concedió una semana de plazo para modificar sus escritos tras el brusco giro de Fiscalía.
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