La Comisión Anticorrupción del Congreso, que nació como uno de los órganos 'estrella' de la legislatura que termina, se va a disolver sin cumplir las altas expectativas generadas con su creación ya que, en los dos años y medio en los que ha estado activa, tan sólo ha aprobado un informe de recomendaciones sobre la financiación de los partidos políticos.
Este órgano, que oficialmente se denomina Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, se acordó crear en la anterior legislatura a propuesta por un lado de Unidos Podemos y por otro de PSOE, IU-Unidad Popular y Compromís, pero no se llegó a constituir.
La comisión se reeditó tras la 'repetición' de las generales de junio de 2016 y desde su constitución ha estado presidida por el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó. "Espero mirar con todos ustedes al pasado para que podamos hacer un diagnóstico de lo que ha pasado en este país, pero sobre todo quisiera mirar al futuro para que, con las aportaciones de la sociedad civil y las suyas, la triste e indignante historia de la corrupción no se repita", aseguró Cantó cuanto echo a andar este órgano.
SIN CAPACIDAD LEGISLATIVA
Se trata de una comisión permanente, pero sin capacidad de tramitar leyes. Casi tres meses después de constituirse, la comisión acordó crear una subcomisión en su seno para estudiar el régimen jurídico y la financiación de los partidos políticos, buscar medidas para reforzar la imparcialidad de las autoridades independientes, así como para regular los mecanismos de protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción.
Sin embargo, sólo cumplió el primero de esos mandatos. Tras celebrar diez sesiones de comparecencias y escuchar a una treintena de expertos entre febrero y junio de 2017, la subcomisión aprobó en marzo de 2018 un informe pactado entre PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos con recomendaciones para reformar el régimen jurídico y la financiación de las formaciones políticas.
Pero por el camino se quedó el encargo de buscar fórmulas para regular la protección a los denunciantes de corrupción. En marzo de 2017, el Pleno del Congreso acordó tramitar en la Comisión Constitucional una ley integral de lucha contra la corrupción de Ciudadanos y los grupos acordaron sacar este tema de la subcomisión de la Comisión de Calidad Democrática.
LA LEY ANTICORRUPCIÓN TAMPOCO HA SALIDO
Al final esta propuesta legislativa del partido naranja también se ha quedado en agua de borrajas. Y es que, después de recibir a varios expertos en la materia y de prorrogar hasta en 13 ocasiones los plazos para la presentación de enmiendas, al final los grupos las registraron en noviembre de 2017, pero ya no avanzaron más.
Tras aprobar el dictamen sobre financiación de partidos en marzo de 2018, la Comisión Anticorrupción no volvió a reunirse hasta octubre de aquel año para recibir a la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, Flor López Laguna, cuya presencia solicitó el PP para que informara del contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y demás altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.
En octubre del año pasado y también a petición del PP, la comisión acogió la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para trasladar al Congreso las medidas de regeneración que tenía en cartera y, ya en noviembre, citó al entonces presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rusiñol, para hablar de la situación en Cataluña, también a instancias de los 'populares'.
La comisión no ha vuelto a reunirse desde noviembre y va a clausurar su actividad sin haber iniciado siquiera el estudio de las medidas destinadas a reforzar la imparcialidad de las autoridades independientes.
Los grupos llegaron a acordar que las comparecencias de responsables de órganos reguladores arrancaran a finales de diciembre con el gobernador del Banco de España, después decidieron dejarlas para el nuevo periodo de sesiones y el Congreso se va a disolver sin que haya comparecido nadie.
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